CNE habilitó a los partidos intervenidos por el TSJ para parlamentarias
2001Online
Entre las 105 toldas participantes se encuentran Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD) a los que el Tribunal Supremo de Justicia les asignó juntas ac hoc a nombre de dirigentes que reclamaron por «procesos de reestructuración», y supuestas violaciones de derechos políticos como militantes.
Estos partidos quedaron en manos de personajes que la oposición calificó de “alineados” al gobierno de Nicolás Maduros, ellos son Bernabé Gutiérrez, en el caso de AD y José Brito en PJ, quienes ratificaron ser opositores y participarán en los venideros comicios.
Igualmente, se incluyó el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) que tiene una solicitud pendiente desde el pasado 17 de junio por parte del diputado Chain Bucarán, quien solicitó al TSJ una intervención para asignar nuevas autoridades por presuntas irregularidades.
Otras toldas opositoras incluidas son La Fuerza del Cambio (FDC), tarjeta por la cual se postularon candidatos a municipales en 2018; Alianza del Lápiz Partido Popular, que cambió su denominación tras ser conocido como Lápiz ProComunidad; y el Partido Unión y Entendimiento (Puente), presidido por Hiram Gaviria.
Para estos comicios tres partidos políticos de la oposición quedaron fuera de la contienda electoral, algunos por decisiones judiciales o la falta de reconocimiento de las autoridades del CNE a las juntas directivas que los presiden.
Uno de las toldas fue Voluntad Popular que tiene un recurso de interpretación por parte de la Fiscalía sobre su puede ser declarada o no como una organización terrorista.
También está Redes y Prociudadanos. En el caso de Redes, su presidente Juan Barreto explicó que luego del proceso de renovación de toldas políticas de 2017, no recibieron la legalización por parte del CNE.
En el caso de Prociudadanos, liderado por Leocenis García, tiene el reconocimiento de sus siglas y debió pasar por un proceso de validación en 2018 para participar en las elecciones regionales y municipales de ese año. Desde entonces, el CNE no se ha pronunciado sobre su legalidad.
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