CIJ rechaza exigir a EEUU descongelar activos iraníes
EFE | Foto referencial
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró hoy que no tiene jurisdicción para exigir a Estados Unidos descongelar activos iraníes depositados en un banco estadounidense y confiscados para entregárselos a víctimas de atentados atribuidos a Teherán, pero ordenó a Washington compensar a Irán por otras medidas contra empresas iraníes.
En un largo fallo dictado este jueves, el máximo órgano judicial de la ONU reprendió a Washington por haber permitido la congelación de activos de empresas iraníes en bancos estadounidenses, pero consideró no tener jurisdicción para pedirle descongelar los más de 1.750 millones de dólares en bonos e intereses propiedad del banco central iraní Markazi, depositados en Citibank, y la parte más importante de la demanda iraní ante el CIJ.
La CIJ sí se pronunció sobre medidas tomadas por las autoridades estadounidenses contra fondos de empresas iraníes, y rechazó la petición de Washington de desestimar «la totalidad» del caso “por el principio de ‘manos sucias’”, que impide a un país iniciar un caso ante este tribunal si el mismo Estado está involucrado en delitos vinculados con el caso.
Esta era la primera vez que un país pedía a este tribunal basarse en el principio de «manos sucias» para desestimar un caso.
Washington subrayó que la «propia forma de actuar atroz» de Irán con su «patrocinio de actos terroristas» contra ciudadanos estadounidenses, supone una violación del Tratado de Amistad firmado en 1955 por ambas partes, un acuerdo que el expresidente Donald Trump dio por finalizado en octubre de 2018.
Y Teherán, que rechazó tener vínculos con el terrorismo internacional, exigió descongelar los fondos porque su confiscación «viola» ese Tratado y defendió que esa medida es parte de una «industria de litigios» contra el país con «el objetivo de desestabilizar Irán», y es una violación de las normas internacionales.
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En respuesta a ambos países, la CIJ concluyó hoy que no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la violación o no de ese Tratado de Amistad en lo que respecta a los activos de Markazi porque no es una empresa, pero si consideró una violación del acuerdo las medidas que afectaban a entidades comerciales iraníes.
Por lo tanto, consideró que Irán tiene derecho a una compensación por “las lesiones”, y si ambos países no alcanzan un acuerdo sobre la cantidad en 24 meses, pueden volver al tribunal para que éste delibere en esta cuestión, aunque no vio “razón suficiente” para exigir a Estados Unidos el pago de los costes de este procedimiento ante la CIJ, como pidió Teherán.
Esta batalla legal en La Haya tiene su origen en 2002, cuando el entonces presidente George W. Bush firmó una ley federal que permitía a víctimas de atentados terroristas reclamar indemnizaciones millonarias cuando los ataques fueran «patrocinados», según Washington, por terceros países.
Aunque no fue hasta febrero de 2019 que la CIJ se declaró competente para pronunciarse sobre este litigio, Teherán denunció a Estados Unidos ya en 2016, cuando el Tribunal Supremo estadounidense concluyó que un ataque en Beirut sucedido en 1983, y en el que murieron 299 personas, entre ellos 241 marines, fue patrocinado por Teherán.
La Corte estadounidense también declaró legal la congelación de bienes iraníes valorados en unos 2.000 millones de dólares depositados en bancos de Estados Unidos, como el Citibank de Nueva York, aunque Irán negó en todo momento su implicación en ese ataque y consideró que la congelación de activos iraníes era ilegal.
Aunque los fallos de la CIJ son legalmente vinculantes para los países, este tribunal no tiene herramientas para forzar el cumplimiento de sus sentencias, lo que hace que el respeto de sus sentencias esté generalmente en manos de la voluntad de los países.
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