Cierran investigación de polémico chat del exgobernador de Puerto Rico
EFE
La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) de Puerto Rico anunció este viernes que dio por culminada la investigación relacionada con los participantes de un chat que llevó a la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló en el verano de 2019 y que incluía insultos a varios grupos, por falta de cooperación.
En un comunicado, la OEG indicó que entre otras razones dicha decisión se adoptó ya que «todos los testigos se negaron a autentificar el contenido» de este chat en la plataforma Telegram y los abogados de la OEG intentaron acreditar el contenido de las conversaciones mediante una certificación de la propia empresa «pero no fue posible».
En el chat participaron Rosselló, varios de sus asesores y miembros de su gabinete, en el cual, de acuerdo a lo publicado entonces, incluía insultos y desprecio hacia personas de la oposición, artistas, mujeres y hasta a colaboradores.
Ello, junto a la apertura de varios casos de presunta corrupción y numerosas manifestaciones multitudinarias -en la que participaron conocidos cantantes de la isla como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente- llevaron a la dimisión de Rosselló el 24 de julio de 2020, aunque la misma no se formalizó hasta el 2 de agosto.
Las imágenes de las protestas en la isla dieron la vuelta la mundo.
En un comunicado, el director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez, aseguró que en la investigación los abogados de la Oficina entrevistaron a siete testigos, entre ellos, participantes en el chat, pero «por instrucciones de sus abogados, declinaron cooperar con la investigación».
Además se contactó a dos participantes del chat adicionales pero, también por instrucción de sus abogadas, «declinaron cooperar con la investigación de la OEG».
Los testigos entrevistados, señaló la OEG, sí aceptaron su participación en el chat pero insistieron que el documento que refleja el contenido de las conversaciones «estaba alterado», que no estaba íntegro y que «no reflejaba la totalidad de las conversaciones».
«Ninguno estuvo dispuesto a autentificar su contenido», incidió la OEG.
Por otro lado, indicó que se le pidió ayuda al Departamento de Justicia de la isla «para que compartieran la extracción de información de los teléfonos móviles» decomisados a algunos de los participantes «pero la información no fue compartida».
