Cierran en Chile investigación de atentados por falsificación de pruebas
EFE
Un tribunal de Garantía chileno acogió y una petición de la Fiscalía para cerrar la investigación por la quema de decenas de camiones sobre la base de que la Policía falsificó pruebas para acusar a dirigentes mapuches radicales, informaron fuentes judiciales.
En la misma audiencia, el juez Federico Gutiérrez rechazó una petición del Gobierno para decretar la reapertura de la investigación y dejó sin efecto la formalización de los ocho imputados.
Más tarde y tras una larga jornada de exposiciones, el magistrado determinó también sobreseer de manera definitiva a los ocho comuneros imputados en la llamada Operación Huracán y a otros dos mapuches implicados en la quema de camiones en la localidad de Padre Las Casas.
El juez Gutiérrez fundó su resolución el hecho de que «no existían ni existen al día de hoy pruebas que vinculen a los imputados en calidad alguna» con los delitos de incendio.
Las decisiones del juez ponen en la lápida a la denominada «Operación Huracán», que el pasado septiembre lanzó Carabineros y permitió la detención de ocho dirigentes indígenas, que fueron enviados a prisión preventiva con pruebas que supuestamente fueron falsas.
La Policía interceptó comunicaciones telefónicas por redes sociales en las que los dirigentes coordinaban los atentados, mensajes que en realidad fueron «plantados» en los celulares de los comuneros, según la Fiscalía.
«Algunos de los mensajes tenían fechas posteriores a la incautación de los teléfonos», dijo en la audiencia el fiscal de alta complejidad de la región de La Araucanía, Felipe González.
La investigación correspondía a varios atentados ocurridos en la región, en los que fueron destruidos 58 camiones y algunos inmuebles.
Las pericias forenses a los celulares detectaron que «el formato de los archivos no es la forma en que se almacenan en los teléfonos», dijo el fiscal.
Agregó que algunos de los teléfonos ni siquiera tenían las aplicaciones de mensajerías instaladas.
El Gobierno, en tanto, pedía mantener abierta la investigación por 90 días más.
«Tenemos la convicción de que no está agotada la investigación», dijo en la audiencia el abogado de la Intendencia regional, Matías Moya, asegurando que el fiscal cerró la investigación cuando aún había diligencias pendientes.
Entre ellas, una solicitud de información a Google, Yahoo y Microsoft sobre las cuentas de correo y mensajería de los imputados.
«La lógica y la prudencia indica que frente a peritajes contradictorios se debería buscar una tercera opinión dirimente», defendió el abogado.
El abogado Rodrigo Román, defensor de Héctor Llaitul, uno de los comuneros imputados, calificó lo ocurrido en la audiencia como «una comedia» y un «triste espectáculo del gobierno de Chile con el Ministerio Público, peleándose entre ellos».
Agregó que la investigación es «lo más rasca (de bajo nivel) que se conoce en la historia judicial».
La defensa de los imputados solicitó el sobreseimiento definitivo de todos, lo que supone, de ser aceptado, que la Fiscalía no podrá volver a enjuiciarlos por los mismos hechos, aunque surjan nuevos antecedentes.
La audiencia se desarrolló en medio de fuertes medidas de seguridad, mientras en el centro de Temuco hubo manifestaciones de organizaciones sociales que apoyan a los comuneros y a favor de la «causa mapuche».
En la región persiste desde hace varias décadas un conflicto entre comunidades que reclaman territorios ancestrales y empresas agrícolas y forestales, que en los últimos años han derivado en brotes de violencia en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores.
Al mismo tiempo, varias decenas de comuneros han sido enjuiciados y condenados por diversos delitos, principalmente atentados incendiarios.
