CIDH solicitó al Estado venezolano garantizar protección a Foro Penal y demás ONG’s de DDHH
Nota de prensa
Atendiendo la preocupación expresada por los defensores de derechos humanos en Venezuela que representan a distintas ONG’s como Foro Penal Venezolano, Defensores Activos, Un Mundo Sin Mordaza y Refugee Freedom Program, entre otras organizaciones participantes en la Audiencia pública 161 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada este 22 de marzo en Washington, el Comisionados José de Jesús Orozco, solicitó al Estado venezolano garantizar a los defensores de Derechos Humanos la protección debida a sus labores de defensa, enmarcado en el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, tras el “discurso estigmatizante” del gobierno de Nicolás Maduro en su contra.
“Valorando la participación de ambas partes y atendiendo la petición de los defensores de DDHH estimamos que el Estado ofrezca las garantías para asegurar la labor de los defensores que participan en las Audiencias públicas de CIDH”, pidió.
El artículo 63 del mencionado Reglamento reza que “el Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.
El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren Praeli agradeció y valoró el debate “muy alturado” y participación de las partes en el “foro democrático”, sobre todo del Estado venezolano, cuando se tocan temas difíciles. “El Estado conoce muy bien la solicitud de los peticionarios sobre las medidas de protección cuando se tocan temas tan sensibles, pero estos son espacios de libertad de expresión que permiten dialogar y la Comisión valora la presencia de todos”, expresó al cierre de la conferencia.
Vale recordar que el 17 de marzo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de tres defensores de derechos humanos venezolanos, cuya vida y seguridad el organismo considera están «en riesgo».
En consecuencia, la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó al Estado venezolano que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal» de los defensores, y que éstos puedan desempeñarse sin que sean objeto de actos violentos u hostigamientos.
La CIDH otorgó la protección a Alfredo Romero y Luis Betancourt, integrantes de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), así como a Yoseth Colmenares, hermana de la coordinadora de FPV en estado Táchira. Asimismo, en el documento también se solicita al Estado que adopte las medidas necesarias para garantizar que los miembros de esta ONG puedan desarrollar sus actividades como defensores de Derechos Humanos sin ser objeto de violencia u hostigamiento por el libre ejercicio de sus funciones. Esta medida se extiende a los beneficiarios y sus representantes.
AUMENTO DE PERSECUSIÓN POLÍTICA
Más temprano, en su derecho de palabra en la Audiencia 161, el Director Ejecutivo de FPV, Alfredo Romero denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (un aumento de la persecución política en el país desde las protestas contra el Gobierno de febrero de 2014.
El portavoz de Foro Penal detalló que ha habido 6.893 arrestos por motivos políticos, incluidas personas detenidas y luego liberadas y “muchas torturadas. Hemos contabilizado 433 presos políticos en estos tres años y 115 de ellos siguen en las cárceles de Venezuela. Hay un efecto de puerta giratoria, mientras el Gobierno encarcela a más personas, libera a otras, de manera que siempre se podrá ver un número en torno a los 100”, explicó Romero.
Romero indicó que los diversos intentos de diálogo entre el Gobierno y la oposición “más que traer liberación de personas, han incrementado el número de presos políticos, que son como fichas de negociación”.
Julio Henríquez, de la organización Refugee Freedom Program, aseguró que el número de venezolanos que han solicitado asilo o refugio en otros países “se ha incrementado exponencialmente” desde febrero de 2014.
“Solo en 2016, al menos 18.155 venezolanos pidieron asilo o refugio en Estados Unidos, 3.960 en España, 2.238 en Brasil y 212 en Colombi y no todos pertenecen a organizaciones políticas”, aseguró.
En contraparte, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe, negó que exista persecución política en el país y consideró la audiencia como “una oportunidad muy valiosa” para denunciar “la campaña de desinformación que se desarrolla sobre todos estos asuntos en todo el mundo entero”. Asimismo, aseguró que “no tiene nada que ocultar”, porque en Venezuela “no existe la represión política” y porque “no hay presos políticos”.
“Estas personas de las que se ha hablado aquí fueron privadas de libertad por su participación en delitos del ordenamiento jurídico venezolano, la mayoría sobre los graves hechos de violencia de 2014”, indicó.
Devoe aseguró además que, a diferencia de lo que dice la “campaña internacional” al respecto, el Estado garantiza los derechos humanos de Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde desde 2015.
AVANCES DE LA CIDH
Finalmente, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, se realizaron 40 audiencias públicas, 32 reuniones de trabajo, así como reuniones con Estados, organizaciones de la sociedad civil de la región y expertos, entre otras actividades. Específicamente, la CIDH mantuvo una fructífera reunión con los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
En las audiencias públicas, la CIDH recibió información sobre diversas temáticas de derechos humanos, algunas sobre temas abordados a nivel regional o subregional, y otras focalizadas en situaciones en los siguientes 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.
En estas sesiones, la CIDH se dedicó nuevamente a seguir estudiando alternativas para superar el atraso procesal. En este sentido, estableció diálogos que buscan poner en práctica las medidas necesarias para responder oportuna y eficazmente a las víctimas y a los Estados. La CIDH continuará trabajando en forma prioritaria en esta temática, como se destaca en su Plan Estratégico.
La Comisión publicará en los próximos días un informe sobre el 161 Período de Sesiones.
La CIDH está integrada por Francisco Eguiguren Praeli, Presidente; Margarette May Macaulay, Primera Vicepresidenta; Esmeralda Arosemena de Troitiño, Segunda Vicepresidenta y los Comisionados José de Jesús Orozco, Paulo Vannuchi y James Cavallaro. El secretario ejecutivo es Paulo Abrão y la secretaria ejecutiva adjunta es Elizabeth Abi-Mershed.
