CIDH recomienda a Perú no separar de sus familias a menores víctimas de trata
EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó este lunes al Estado de Perú que no separe de sus familias a los menores de edad que hayan sido víctimas de la trata de personas en el país.
Durante una audiencia pública de la CIDH sobre las denuncias de trata de niños y adolescentes en Perú, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño pidió que el país no los saqué del núcleo familiar, ya que tiene la «obligación» de darles las herramientas para restituirlos en sus hogares.
Arosemena de Troitiño aseguró que un sistema de protección cuya respuesta es la institucionalización no tiene una concepción de dar una residencia a las víctimas sino de «mantenerles recluidos», y eso podría ser «traumático e irreversible».
Por ello, la comisionada apostó por una especialización en la atención de los menores víctimas de la trata de seres humanos, además de un mayor presupuesto para hacer frente a una política integral y de una mayor capacitación de los profesionales que se enfrenten a ello.
«Los derechos de los niños son una atención prioritaria y especializada, determinada por el interés superior de este, que es garantizar su pleno e integral desarrollo. No se trata de lo que serán esos futuros adultos, sino del derecho del niño hoy y hacer respetar su dignidad y a sus derechos», añadió.
Por su parte, la vicepresidenta primera de la CIDH, Margarette May Macaulay, instó al Estado a dedicar una cantidad mayor de su presupuesto porque es un «asunto de voluntad política», además de a tratar la pobreza para disminuir la vulnerabilidad a la trata y pedir información a los trabajadores sexuales en lugar de criminalizarlos.
El portavoz del Instituto Promoviendo Desarrollo Social (Iprodes) de Perú, Ronald Gamarra Herrera, acusó al Estado de la falta de diligencia para prevenir la violencia contra las niñas, y de los problemas en su participación y acceso a la Justicia.
Además, señaló que los juicios por trata rozaban casi la impunidad por la ausencia de sentencias contundentes y que existe una falta de especialización y de enfoque de género, además de advertir que la institucionalización de estos menores los «revictimiza».
Por ello, Gamarra Herrera pidió un presupuesto público «estable» y «proporcional» al problema, un diagnóstico y una base de datos para el seguimiento de la trata de menores, integrar y aplicar una ruta de acceso a la Justicia, formar a jueces, garantizar el acceso a un abogado y contar con más fiscalías especializadas.
El procurador público adjunto supranacional de Perú, Iván Bazán Chacón, aseguró que el Estado estaba trabajando en un medida «muy importante» para resolver la reducción del presupuesto en materia de trata de personas.
Además, anunció la elaboración de un plan nacional de trata de personas para el periodo 2017-2021, y aseguró que en los últimos años se han incrementado los mecanismos para luchar contra la trata.
El representante peruano recalcó la política integral del Gobierno, la creación del área especializada de la Policía y el «fortalecimiento» del marco normativo e institucional.
Bazán Chacón reconoció la preocupación del Estado por el problema de la trata de menores, que es «complejo y con componentes organizativos incluso trasnacionales» al tratarse de un país de transito, destino y origen de este delito.
