CIDH otorga medidas cautelares a mujeres recluidas en cárcel de Nicaragua
EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este martes medidas cautelares a un grupo de mujeres privadas de libertad y que habrían sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas, insultos y amenazas por parte de agentes penitenciarios, en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua y que ha dejado cientos de muertos desde abril pasado.
Las beneficiarias son Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, Solange Centeno Peña, María Dilia Peralta Serrato, Irlanda Undina Jerez Barrera y Nelly Marilí Roque Ordoñez, «todas en situación de gravedad y urgencia», indicó la CIDH en un tuit.
La CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que adopte medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las beneficiarias y sus núcleos familiares, y asegure que sus condiciones de detención se adecuen a los estándares internacionales aplicables.
En particular, la CIDH urgió al Estado de Nicaragua a tomar las medidas necesarias para que las detenidas obtengan atención médica, teniendo en cuenta sus condiciones de salud y de conformidad con las recomendaciones dadas por los especialistas correspondientes.
«Para verificar la situación de las detenidas, la @CIDH pide al Estado de #Nicaragua facilitar el acceso de abogados y familiares, e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar», indicó la CIDH en otro tuit.
Ese grupo de mujeres se encuentran recluidas en el Centro Penitenciario «La Esperanza», en las afueras de Managua, y en su mayoría son acusadas por el Estado por el delito de «terrorismo», entre otros.
Familiares de las detenidas y la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco denunciaron que el pasado 26 de octubre, en horas de la noche, alrededor de 25 custodios del Centro Penitenciario de Mujeres «La Esperanza» ingresaron a las celdas para golpear a las «presas políticas», entre ellas a la comerciante Irlanda Jérez y Brenda Muñoz Martínez, que sufre de una enfermedad grave.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 535 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las manifestaciones contra Ortega se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
