CIDH mirará con detalle la campaña electoral en Venezuela
AFP.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este miércoles sobre el efecto negativo del estado de excepción en una veintena de municipios en la campaña para las elecciones de diciembre en Venezuela, y pidió levantar la prohibición a las manifestaciones públicas.
El organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) también expresó preocupación por las denuncias sobre supuestas pruebas falsas en la condena del opositor Leopoldo López.
El estado de excepción “no es una especie de cheque en blanco”, señaló el comisionado Felipe González, citando una “historia en Latinoamérica de problemas” generados por medidas que restringen los derechos en el contexto de elecciones.
“Parece importante que se garantice que haya elecciones lo más transparentes posible y que no hayan restricciones al ejercicio de los derechos de las personas”, dijo González en una rueda de prensa.
El estado de excepción decretado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en 24 municipios fronterizos con Colombia, ordena restricciones a la movilización y aglomeración de personas, a seis semanas de unos cruciales comicios legislativos.
“Vemos con preocupación que en esos estados, en medio de una campaña electoral, también se incluya la restricción de manifestaciones políticas públicas y actos públicos”, dijo el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.
Según el experto, esa prohibición “afecta la libertad de expresión” de electores y candidatos en esos municipios, donde se eligen a 19 de los 167 escaños en la unicameral Asamblea Nacional el 6 de diciembre, y pidió a las autoridades venezolanas levantarla.
“Recomendamos que eso se levante porque no tiene ningún sentido y es totalmente desproporcional”, apuntó Lanza, llamando a las autoridades venezolanas a “no limitar la libertad de expresión aún en este marco” de restricciones.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó el estado de excepción y los cierres fronterizos en cuatro municipios vecinos con Colombia tras un ataque contra una patrulla militar en la ciudad de San Antonio del Táchira, el 19 de agosto, que dejó cuatro heridos. Las autoridades lo atribuyeron a paramilitares colombianos vinculados al narcotráfico y el contrabando, especialmente de gasolina.
Desde entonces Maduro ha prorrogado y ampliado el estado de excepción a otros municipios fronterizos: el vigésimo cuarto fue la localidad amazónica de Ature (frontera sur con Colombia), el martes.
Esas medidas incluyeron el cierre de varios pasos entre ambos países y determinan la prohibición del porte de armas y permiten la posibilidad de hacer allanamientos y escuchas telefónicas sin orden judicial.
También se prohíben las reuniones públicas o las protestas que no hayan sido previamente autorizadas.
“CONSECUENCIAS GRAVES”
La Comisión vio con preocupación las recientes declaraciones de un fiscal que denunció supuestas presiones de parte del gobierno venezolano para condenar con pruebas falsas al opositor Leopoldo López.
“La forma en que está planteado tendría consecuencias muy graves”, dijo el comisionado González, relator para Venezuela, acotando que el ente regional aún está recabando información sobre esas alegaciones.
López fue condenado a casi 14 años de cárcel el pasado 10 de septiembre por incitar a la violencia durante protestas para forzar la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Esas protestas dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.
Pero de ser ciertas las denuncias, el juicio contra López no habría sido independiente e imparcial, dijo González, quien subrayó que Venezuela debe implementar “de manera expedita” las medidas cautelares que la Comisión pidió a favor de López y su familia.
En un video difundido el pasado viernes, Franklin Nieves, uno de los fiscales del caso contra López, dijo que salió del país junto con su familia por “presiones” del gobierno y sus superiores para defender la sentencia contra López, tras un juicio que tildó de “farsa”.
