CIDH expresa preocupación por desaparición de venezolanos en naufragio
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El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Sr. Ahmadou Tall, Presidente del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el Sr. Felipe González Morales, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU; la Sra. Agnes Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU; y el Presidente Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Bernard Duhaime, expresan su profunda preocupación por la desaparición de migrantes venezolanos, después de que el 24 de abril de 2019 se volcase la embarcación Jhonnaly José, que partió desde Güiria, Venezuela, con destino a Trinidad y Tobago. La CIDH urge a los Estados de Trinidad y Tobago y Venezuela a adoptar las medidas necesarias para coordinar operaciones de búsqueda y rescate, así como la puesta en marcha de investigación y protocolos forenses para la identificación y localización de personas fallecidas.
El Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago informó que cuatro personas fueron rescatadas y, hasta el momento, hay 21 desaparecidos, entre ellos, mujeres y niños. Según los testimonios públicos de los sobrevivientes, estas personas tuvieron que mantenerse aferradas a un bidón de plástico durante un día y medio para salvar sus vidas, y en algunos casos, nadaron cerca de ocho kilómetros para llegar a las costas de la isla venezolana de Patos.
Los familiares de los migrantes desaparecidos manifestaron que tanto las autoridades trinitenses como las venezolanas han emitido información contradictoria acerca del número de personas que se encontraban a bordo del barco o la cifra exacta de cuántas de estas fueron rescatadas. Asimismo, señalaron la presencia de varias falencias en las acciones de búsqueda y rescate. De hecho, existe desinformación sobre las personas encontradas con vida, puesto que medios de comunicación han informado el rescate de al menos 9 personas, quienes fueron posteriormente trasladas a un hospital en Güiria, Venezuela.
El relator de la CIDH y los expertos de Naciones Unidas observan con preocupación que este naufragio de migrantes y personas con necesidades de protección internacional venezolanas no es el primero que se produce en el Caribe. El 11 de enero de 2019, también se registró el hundimiento de una embarcación que trasladaba a unas 30 personas venezolanas que se dirigían a la isla de Curazao, de las cuales cuatro murieron y las demás no fueron encontradas de inmediato.
De acuerdo con cifras de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, coordinada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en abril de 2019, había más de 3.7 millones de refugiados y migrantes de Venezuela viviendo en el extranjero, de estos más de 3 millones en países de Latinoamérica y el Caribe. Entre 2014 y 2018, cerca 414,570 solicitudes de asilo han sido presentadas por personas venezolanas, y más de 255,448 tan sólo en 2018, al tiempo que los sistemas para el reconocimiento de la condición de refugiado se encuentran excedidos. Ésta está siendo la principal crisis de migración forzada que se ha registrado en la región y una de las mayores a nivel mundial en la actualidad. La migración de personas venezolanas que se ha venido dando en los últimos años está relacionada con la situación de las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en Venezuela, así como la situación de la violencia, inseguridad, falta de acceso a atención médica, alimentos y servicios básicos.
El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, declaró que “este trágico naufragio en el Mar Caribe y las desapariciones de las personas que iban en la embarcación son una muestra más del nivel de desesperación que a diario enfrentan las personas venezolanas, quienes por diferentes causas se ven forzadas a migrar de sus hogares y a afrontar peligros extremos durante sus recorridos a otros países para buscar sobrevivir”. Añadió que “Venezuela y Trinidad y Tobago, como Estados que hacían parte de la ruta migratoria de estas personas, deben adoptar medidas dirigidas a prevenir que estos hechos se repitan, proveyendo canales regulares, ordenados y seguros para la migración. Las personas venezolanas no pueden continuar siendo expuestas a condiciones que incrementan su situación de vulnerabilidad y seguir siendo víctimas de más violaciones a sus derechos humanos. Se necesita con urgencia la pronta adopción de mecanismos de cooperación eficaces entre Trinidad y Tobago y Venezuela para ubicar a las víctimas de forma inmediata”.
El Relator Especial sobre derechos humanos de los migrantes de la ONU, Felipe González Morales, señaló, a su vez, que “conforme al Derecho Internacional es indispensable que Venezuela y Trinidad y Tobago emprendan una investigación a fondo para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades, de manera que tragedias como la ocurrida no se repitan.” El Presidente del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés), Ahmadou Tall, señaló que “los Estados involucrados deben desarrollar mecanismos de búsqueda, así como la notificación ágil a los familiares de las personas migrantes desaparecidas, con un solo procedimiento que facilite la interposición de denuncias, y si es el caso, se proceda con la repatriación y entrega de restos”.
El Presidente Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Bernard Duhaime, enfatizó que los métodos establecidos para la búsqueda de personas desaparecidas deben ser aplicados, tal como lo señaló el Grupo en su informe temático acerca de las desapariciones forzadas en el contexto de la migración. “Los Estados tienen la obligación de hacer cuanto esté en sus manos para localizar inmediatamente a las víctimas, así como cooperar entre ellos con ese fin. En caso de presunción de fallecimiento, el Estado debe buscar los restos, identificarlos y restituirlos dignamente a los familiares,” afirmó Duhaime.
Ante la situación de las personas migrantes venezolanas que huyen por vía marítima como consecuencia de diversas formas de violencia o en busca de mejores condiciones de vida, la CIDH y los expertos de Naciones Unidas urgen a los Estados establecer mecanismos para fortalecer y coordinar operaciones de búsqueda y rescate, investigación y protocolos forenses, tratamiento digno de los restos de fallecidos, identificación y localización de familias mediante el intercambio seguro de información ante mortem, post mortem y ADN. De igual manera, el relator de la CIDH y los expertos de Naciones Unidas observan que se requieren medidas urgentes para asegurar la participación efectiva de los familiares y allegados de las personas desaparecidas, así como la implementación de acciones dirigidas a brindarles información suficiente sobre los avances y resultados de las búsquedas y la asistencia que requieran.
Fuente: CIDH
