CIDH estudia la esterilización forzada en Chile y las violaciones en Bolivia
EFE
Los abusos contra la mujer fueron hoy protagonistas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estudió un caso de esterilización forzada en Chile y la violencia sexual contra las menores en Bolivia.
Niñas violadas por sus padres, abusos adolescentes que quedan impunes y madres a las que se les roba el derecho de volver a serlo fueron algunas de las duras realidades que denunciaron víctimas y organizaciones de la sociedad civil en la segunda jornada de audiencias públicas del 161 periodo de sesiones de la CIDH.
Tal fue el caso de Francisca, una mujer chilena a la que le robaron su sueño de tener una familia grande cuando los médicos la esterilizaron sin su consentimiento, al igual que otras mujeres con VIH en el país suramericano, tras dar luz a su primer y único hijo.
Quince años después, esta madre sigue pidiendo que se haga justicia y hoy llevó su caso ante la CIDH, con sede en Washington.
«Me pregunto por qué me mutilaron. Aquí me ven bien, pero por dentro prácticamente me sacaron mi vida», dijo en una audiencia que durante los veinte minutos de su testimonio fue a puerta cerrada para preservar su intimidad.
Los defensores de derechos humanos que la acompañaron pidieron al Estado chileno una reparación por estos hechos en forma de indemnización y de medidas de rehabilitación médica y social.
Los representantes del Estado reconocieron que se violaron los derechos de Francisca, porque no hay ningún supuesto en el que la esterilización no requiera el consentimiento de la mujer, y ofrecieron negociar una solución amistosa.
Las organizaciones de la sociedad civil dijeron no estar aún en condiciones de dar respuesta a esa iniciativa y pidieron a la CIDH un informe de fondo sobre el caso.
El caso de Francisca no es aislado, ya que en 2010 un estudio del Centro de Derecho Reproductivos y Vivo Positivo destapó un abuso generalizado a las mujeres con VIH por parte del personal sanitario chileno, incluida la esterilización sin su conocimiento ni autorización durante otros procedimientos médicos.
Ocho pisos más arriba de donde se abordaba la tragedia de Francisca, en el Salón Rubén Darío, se escucharon otras historias dramáticas de mujeres privadas de sus derechos desde niñas.
Mujeres casadas que descubren, años después, que lo que creían normal en un matrimonio es realmente abuso sexual, adolescentes que violan a sus compañeras y no reciben castigo al alegar que el sexo fue consentido o madres que encubren la violación de sus hijas por vergüenza.
Una de cada tres niñas y adolescentes bolivianas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años, lo que convierte al país suramericano en uno de los que tienen más víctimas de este tipo de abusos.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron hoy en ante la CIDH que en Bolivia se encubre la violencia sexual contra las menores por cómo está tipificado el delito y por la falta de preparación de los operadores de justicia.
«Ahora estamos en una etapa crucial porque se está modificando el Código Penal y estamos dispuestos a compartir con el Gobierno toda nuestra investigación sobre violencia sexual», explicó a Efe María del Carmen Arispe Fuentes, abogada de la organización Una Brisa de Esperanza, al término de la audiencia.
El Estado dispone de un abanico de leyes y planes para proteger a las menores, pero, según las organizaciones, no se cumplen muchas de las medidas vigentes y deben cambiarse algunas de las normativas.
Quieren que se modifique en el Código Penal el enfoque de este tipo de abusos: que deje de primar si hubo violencia física y la clave sea si hubo consentimiento o no de la menor.
En más del 80 % de los casos de violencia sexual no existe violencia física, indicó Arispe, sino que el agresor lo que hace es «un acercamiento, entrampa a la víctima para poder acceder a la violencia sexual».
El agresor es en más del 85 % de los casos una persona cercana a la víctima, la mayoría de las veces el padre biológico.
Además de estas audiencias sobre las violaciones de derechos a mujeres, la CIDH estudió en otra sesión los «actos sistemáticos de restricción directa e indirecta a la libertad de expresión» que se dan en Nicaragua desde que el presidente Daniel Ortega asumió el poder hace una década.
En esa audiencia no estuvo presente el Estado de Nicaragua, igual que en otras ocasiones, un hecho por el que expresaron preocupación los comisionados.
La CIDH continuará el lunes sus audiencias públicas, que terminan el miércoles, con casos sobre Argentina, Guatemala, Perú y acerca de las personas intersexuales.
