CIDH califica de arbitrarias y colectivas las deportaciones
Sin ambages, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó profunda preocupación ante lo que califica de “deportaciones arbitrarias y colectivas de migrantes colombianos en situación migratoria irregular” realizadas por miembros de la FANB en la frontera del estado Táchira.
En un comunicado, la CIDH urge al Estado venezolano a detener inmediatamente “cualquier expulsión colectiva, arbitraria y/o sumaria” y a asumir las medidas requeridas para resguardar los derechos legales de los migrantes, así como la protección de sus bienes. Piden a las autoridades abstenerse de aplicar acciones para destruir las propiedades de los afectados.
El organismo de la OEA señala que las informaciones recabadas evidencian que en los operativos efectuados por el gobierno “se estarían realizando desalojos forzosos de los colombianos reportándose abusos y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. La forma en que se están llevando a cabo los operativos habría impedido que muchas de las personas pudiesen llevar consigo sus documentos y otros de sus bienes”.
La CIDH también muestra preocupación por las familias que han sido separadas y advierte que las deportaciones colectivas contrarían el derecho internacional.
“Ante la posibilidad de que padres o familiares de personas a quienes les corresponde la nacionalidad venezolana sean deportados, los procedimientos que puedan llevar a la deportación de estas personas deben tomar en consideración el principio del interés superior de los hijos e hijas de los migrantes y el derecho de la persona sujeta a un procedimiento tendiente a su deportación a que se proteja su derecho a la vida familiar y el principio de unidad familiar, según las normas y estándares de derechos humanos”, señalan.
Perfil racial
La Comisión Interamericana conminó al Estado venezolano a adoptar medidas para garantizar que no sean aplicados perfiles raciales en las redadas.
“El Estado tiene un deber general de respetar todos los derechos de las personas migrantes, incluido su derecho de vivir libres de discriminación y de toda forma de violencia, a su integridad personal, unidad familiar y propiedad”, destacan.
En el comunicado, la CIDH recuerda la obligación de analizar, fundamentar y decidir de “forma individual” cada deportación durante el operativo fronterizo iniciado el 22 de agosto con la declaratoria del estado de excepción. Considera fundamental que se respete el derecho de los deportados a ser escuchados por la autoridad, garantizar el derecho a la defensa; contar con asistencia legal y la protección consular durante la detención; así como a recibir notificación de la decisión sobre la deportación y tener la posibilidad de impugnarla y contar con el derecho a que los recursos interpuestos cuenten con efectos suspensivos sobre la deportación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos refiere que, según el registro de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, por lo menos 1.088 migrantes colombianos, incluidos 244 niños, niñas y adolescentes, habrían sido deportados desde Táchira.
Refugiados
De manera inusual, el comunicado incluye las declaraciones del relator sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, comisionado Felipe González, quien aseveró: “La información de la que disponemos indica que estas deportaciones se estarían realizando de forma arbitraria, sin que se respetasen garantías de debido proceso migratorio, el principio de la unidad familiar, el interés superior del niño, el derecho a la integridad personal, ni el derecho a la propiedad de estas personas. La manera en la que se están llevando a cabo estas deportaciones indica que a estas personas les están violando múltiples derechos humanos”.
González destaca el hecho de que entre los deportados “se encuentran refugiados y otras personas que requieren protección internacional, sobre las cuales el Estado venezolano tiene el deber de respetar el principio de no devolución”.
El relator agrega que para la Comisión es sumamente preocupante la situación fronteriza luego de la declaratoria del estado de excepción. La CIDH informó que tomó nota sobre la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia de que se respete la integridad y los derechos humanos de las personas colombianas según las normas internacionales.
Fuente: El Nacional
