Choque de poderes salvadoreños marca continuidad de cuarentena
EFE
Los salvadoreños continuaron este miércoles en cuarentena «absoluta» entre la creciente confrontación de los poderes del Estado y la incertidumbre jurídica a raíz de la declaración de un estado de emergencia mediante un método cuya legalidad es analizada por la Corte Suprema.
El Gobierno de Nayib Bukele decretó que la cuarentena «absoluta» y «rígida» se mantenga hasta el próximo 6 de junio, fecha propuesta por el mandatario para comenzar con la reactivación de la economía salvadoreña.
La medida fue declarada con un decreto del Ministerio de Salud que se basa únicamente en leyes de sanidad pública y fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, incluido uno que el mandatario dijo que no cumpliría una medida cautelar dictada.
En los últimos días las tensiones del Ejecutivo con los órganos Legislativo y Judicial han incrementado con duras críticas del gobernante por el supuesto retiro de facultades para enfrentar la pandemia.
El lunes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió temporalmente los efectos de una declaración de emergencia dictada cerca de la madrugada del domingo por Bukele, quien prescindió del Congreso tras respaldarse en un artículo que le da la facultad si los diputados no tienen posibilidad de reunirse.
«No solo nos quita la facultad tan importante de poder decretar estado de emergencia en la emergencia más grande que ha tenido el mundo en los últimos 100 años», sino que «carece del más mínimo sentido común», sostuvo Bukele.
Este martes, el Gobierno repitió la acción y emitió un nuevo decreto de emergencia, pero que subsana los señalamientos de un abogado que llevaron a los jueces constitucionales a suspender la primera medida, según abogados de la Presidencia.
DECRETO «INCONSTITUCIONAL»
Para el abogado y director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, el nuevo decreto de emergencia «cae en una inconstitucionalidad», dado que debe ser aprobado por el Congreso.
«Continúa con el vicio de inconstitucionalidad que se alegó por parte de los demandantes y que originó que la Sala declarara una medida cautelar», dijo a Efe el letrado.
Subrayó que «el presidente está invadiendo atribuciones legislativas» y apuntó que esta acción del presidente es un «un subterfugio legal para tratar de evitar que la Sala siga conociendo este proceso» de inconstitucionalidad.
De acuerdo con el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, el nuevo decreto de emergencia «deroga» el cuestionado ante el Supremo por lo que «ya no tiene objeto» que los jueces constitucionales sigan el proceso contra la primera medida.
¿LIMBO LEGAL?
Para Escobar, el país no ha caído en un «limbo legal» ante la forma en que el Gobierno ha decretado la emergencia, sino que se ha hecho «un poco difícil la comprensión» de las legislaciones.
«Tenemos esta dispersión de normas y este, hasta cierto punto, desorden normativo. En esa medida, lo que tenemos es una complicación de las regulaciones. No es un limbo legal, sino que una maraña legal», acotó.
El presidente salvadoreño tiene en sus manos una ley aprobada por el Congreso cerca de la madrugada del martes, misma que establece la reactivación de la economía en cuatro fases por 120 días.
No obstante, Bukele aseguró que la vetaría porque supuestamente invade sus funciones, mientras que Argueta advirtió que posee elementos que «rayan en la inconstitucionalidad» por «forma y fondo.
El secretario jurídico del Gobierno, Conan Castro, explicó el martes en una conferencia de prensa que en el país se mantendrán las medidas de prohibición del transporte público y los ciudadanos únicamente podrán salir de casa dos veces por semana, según su número de identidad, para comprar alimentos y medicinas.
Añadió que las personas que supuestamente violen la cuarentena domiciliaria obligatoria serán llevadas ante un médico para que este ordene un confinamiento por 15 días en centros de contención.
La ONU reclamó hoy al Gobierno de El Salvador que las medidas para combatir el coronavirus sean siempre legales, proporcionadas y que busquen el menor impacto posible para la población, y expresó su preocupación por algunos mensajes lanzados por autoridades de este país centroamericano.
Según el último recuento oficial, El Salvador registra 1.571 casos confirmados de COVID-19, 31 fallecidos y 902 pacientes sospechosos de contagio.
