China retiene a ex Defensora del pueblo filipina que demandó a Xi Jinping ante la CPI
EFE
Las autoridades de China han retenido a Conchita Carpio Morales, ex Defensora del pueblo filipina que presentó en marzo una demanda contra el presidente chino, Xi Jinping, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa Humanidad y daño medioambiental en el Mar de China Meridional.
Morales, de 78 años, fue retenida por el Departamento de migración del aeropuerto de Hong Kong al ser considerada una «amenaza a la seguridad nacional», informó su abogada, Anne Marie Corominas, en un mensaje a los medios.
La antigua Defensora del pueblo, una figura muy respetada en Filipinas que se jubiló el pasado verano, viajó a Hong Kong desde Manila acompañada de su esposo, su hijo, su nuera y dos nietos, aunque solo ella fue trasladada a las dependencias migratorias del aeropuerto a su llegada.
«¿Cómo puede ser una antigua Defensora del pueblo, que se dedicó a luchar contra la corrupción, una amenaza para la seguridad de China?», se preguntó su abogada.
«¿Acaso le tiene miedo el presidente Xi? Lo único que hizo fue ejercer su derecho como ciudadana filipina a acudir ante la CPI», añadió Corominas, a quien Morales pudo mandar un mensaje de texto para informar de su situación.
La ex Defensora del pueblo, el anterior secretario de Exteriores filipino, Albert del Rosario; y un grupo de pescadores afectados por las actividades de China en las aguas que pertenecen a Filipinas firmaron en marzo una queja contra Xi Jinping.
Los demandantes acusaron a Xi y otros funcionarios chinos de cometer «delitos que implican un daño medioambiental masivo, casi permanente y devastador en varias naciones», ya que China ha ocupado por la fuerza varios islotes y arrecifes cuya titularidad se disputan varios países de la región.
Alegan que el daño medioambiental comenzó cuando el Gobierno de Xi Jinping emprendió «un plan sistemático para apoderarse del Mar de China Meridional», de vital importancia geoestratégica, por el que circula el 30 % del comercio global y alberga el 12 % de la pesca mundial, además de posibles yacimientos de gas y petróleo.
Los firmantes esgrimen que la CPI tiene jurisdicción sobre el caso porque los «delitos» de China ocurrieron cuando Filipinas aún era miembro de la Corte, que abandonó el pasado 17 de marzo por orden del presidente del país, Rodrigo Duterte, acusado en ese tribunal de crímenes de lesa Humanidad en su guerra contra las drogas.
El Tribunal de Arbitraje de La Haya atribuyó en 2016 a Filipinas la titularidad de varios territorios del Mar de China Meridional, como el atolón Scarborough o parte del archipiélago Spratly, fallo que China no reconoce.
Filipinas, China, Taiwán, Malasia, Vietnam y Brunei reclaman total o parcialmente ese archipiélago, donde China ha edificado islas artificiales desde 2012 sobre los arrecifes y atolones para apropiárselos de facto.
A pesar de la sentencia, China continúa sus actividades militares sin que el Gobierno de Duterte haya reclamado nada, ya que el mandatario ha reorientado su política exterior hacia el «gigante asiático» a cambio de una generosa inyección de inversión.
