Chile | Alcalde exige controlar el ingreso indiscriminado de migrantes

EFE

La falta de voluntad para controlar la situación o la puesta en marcha de medidas ineficaces son algunas de las causas que hacen que la crisis migratoria del norte de Chile perdure, según dijo a Efe Javier García, alcalde de la localidad de Colchane, ubicada en la frontera con Bolivia.

Por esta zona entran a diario de forma irregular centenares de migrantes, una situación que se extiende por décadas en el lugar, pero que se masificó en el último año debido a la pandemia y a una legislación chilena más restrictiva para la entrada de extranjeros, y que tiene en jaque a la localidad.

«Para nosotros sigue siendo un tema muy preocupante debido al ingreso masivo y de manera descontrolada. En los últimos días se sumó una víctima más en la lista de fallecidos y lamentablemente todas las acciones anunciadas por el Gobierno simplemente no han dado eficacia para controlar el ingreso», señaló el edil.

Y es que el miércoles pasado una mujer migrante fue encontrada muerta en las cercanías de un paso fronterizo no habilitado en Colchane, elevando la cifra de fallecidos en esta inhóspita zona a 19 en lo que va del año.

Respecto a las medidas anunciadas por el Gobierno de Sebastián Piñera, que incluyó la construcción de albergues para recibir personas que ingresaran irregularmente por la frontera altiplánica, García afirmó que son de «dudosa efectividad».

«Lamentablemente pareciera que no existe una voluntad estatal o gubernamental en términos de controlar el ingreso indiscriminado de migrantes. Vemos un aumento significativo del personal militar y de carabineros (policías) pero lamentablemente las acciones están más dirigidas al tema humanitario más que a brindar seguridad a los vecinos», explicó García.

El alcalde criticó también que el Gobierno mantenga cerrado el paso fronterizo legal de la localidad debido a la pandemia, porque a su juicio eso permitiría controlar al menos al menos un porcentaje de migrantes que llegan.

MIGRANTES EN BUSCA DE UNA VIDA MEJOR

De las cientos de personas que ingresan a diario, la mayoría son de nacionalidad venezolana y buscan mejorar sus condiciones de vida tras sufrir una profunda crisis política, social y económica en Venezuela.

Una de estas personas, de 21 años y que prefirió no revelar su identidad, dijo a Efe que su objetivo es llegar a Santiago, la capital chilena, para poder juntar dinero que le permita comprar una casa en su país natal y volver a estar con su familia.

«Estuve esperando al dinero hasta hoy, que pude venir y ya la policía boliviana me quitó el dinero del pasaje para viajar a Iquique», señaló la mujer.

«Lo que quiero es llegar al destino y ya trabajar. Tengo una meta. Durar dos años y esforzarme para comprar mi casa en Venezuela para mi hija y para mí. Nada hago trabajando en un país que no es mío y sembrando en un terreno que no es mío. El que siembra en terreno ajeno hasta la cosecha pierde», agregó.

Por su parte, un hombre venezolano que tampoco reveló su identidad y que también arribó a Chile hace pocos días con su familia dijo a Efe que su motivo es «buscar una mejoría» porque en su país no hay trabajo.

Consultado por la propuesta de uno de los candidatos al balotaje chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, de construir una zanja para evitar el ingreso de indocumentados, señaló que «no está pensando que somos seres humanos. Estamos buscando ayuda en este país».

Desde febrero, la zona de Colchane es el epicentro de una crisis migratoria que se agudizó con el transcurso de los meses y que actualmente tiene a cientos de personas indocumentadas asentadas en espacios públicos de las ciudades al norte de Chile.

La crisis tuvo su momento más crudo a finales de septiembre cuando una marcha antimigración terminó con la quema de carpas y pertenencias de familias venezolanas que pernoctaban en la calle de la ciudad de Iquique, en un ataque que fue catalogado como xenófobo.

Con el objetivo de frenar la entrada irregular, el presidente chileno, Sebastián Piñera, promulgó en abril pasado una nueva ley de migración más estricta que obliga a los extranjeros a obtener visados en sus países de origen y permite las deportaciones.

Human Rights Watch (HRW) señaló que el Ejecutivo chileno anunció la expulsión de 1.500 personas a lo largo de 2021 en 15 vuelos chárter y que, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM), para abril de este año había deportado a 294 personas, en la mayoría de los casos «sin control judicial» y afectando principalmente a migrantes venezolanos.

A través de un documento publicado en julio de este año, HRW señaló una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados, tales como impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias, entre otros.

Según el Departamento de Extranjería y Migración, en Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.