CEV exige investigación conforme a protocolos internacionales tras naufragio en Güiria - 800Noticias
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La Conferencia Episcopal Venezolana expresó su pesar y fijó posición ante la tragedia ocurrida a 19 migrantes venezolanos quienes fallecieron ahogados tras intentar huir del país hacía Trinidad y Tobago y no pudieron llegar  por haber sido devueltas por las autoridades de la isla caribeña.

A través de un comunicado señalan que es necesario una vez más  «llamar la atención respecto de situaciones que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de la población migrante venezolana que busca llegar a territorio de la isla de Trinidad desde el estado Sucre”.

En el documento expresan que tanto la República Bolivariana de Venezuela como la República de Trinidad y Tobago están obligadas a respetar íntegramente y sin discriminación de ningún tipo todos los derechos humanos de las personas migrantes, específicamente todos los deberes de prevención, investigación, sanción a los responsables, reparación integral de las violaciones a los derechos humanos y no discriminación.

«De nuevo llamamos la atención sobre las obligaciones internacionales vinculantes para la RepúblicaBolivariana de Venezuela y República de Trinidad y Tobago recogidas en: artículo XXVII de laDeclaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado,en particular los principios fundamentales de No Devolución y Unidad Familiar y el artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño» expresa el documento.

La iglesia católica exige que se realice una investigación de los hechos se conduzca «conforme a protocolos internacionales y con pleno respeto a los derechos que asisten a los familiares en su condición de víctimas; esta investigación no debe ser de carácter meramente formal, sino que debe conducir al establecimiento completo de los hechos, y a actos conclusivos que conduzcan al establecimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a las que haya lugar».

Sostienen en el comunicado que la conducta de las autoridades de la República de Trinidad y Tobago es inaceptable por incurrir en una transgresión del deber de no devolución, en virtud del cual, en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “una persona no puede ser rechazada en la frontera o expulsada de otro país sin un análisis adecuado e individualizado de su petición.

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