Centro Carter concluye que elecciones no cumplieron estándares internacionales
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El Centro Carter publicó un informe preliminar tras su Misión Internacional de Expertos Electorales, sobre las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre en Venezuela.
En el documento la instancia concluyó , que a pesar de haberse dado algunos “pasos positivos” con la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la integridad del organismo comicial se vio socavada por la injerencia del régimen de Nicolás Maduro.
“Las elecciones han tenido lugar en un contexto general de crisis socioeconómica y humanitaria, agravada por la pandemia del COVID 19, patrones de represión política, restricciones severas a los derechos de participación política y libertad de expresión, ventajismo manifiesto del gobierno y desigualdad de condiciones”, señaló el Centro Carter.
La organización destacó que “la inclusión de personas vinculadas a la oposición como rectores del CNE abrió la puerta a una mayor confianza en la posible independencia y credibilidad del organismo. Al mismo tiempo, genera un comportamiento que brinda mayor previsibilidad de las reglas de la competencia, mayores garantías para el electorado y los partidos de la oposición y demuestra más independencia”.
Sin embargo, la misión del Centro concluyó que “a pesar de estos pasos positivos, la injerencia política y gubernamental socavaron el CNE. Además, las disposiciones legales relativas a los medios de comunicación y la libertad de expresión, la inscripción de candidatos, la suspensión de derechos políticos, la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales no cumplen con los estándares internacionales básicos para elecciones democráticas”.
La organización electoral denunció que los comicios estuvieron marcados por “la exclusión de muchos candidatos clave de la oposición, la sustitución arbitraria por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los comités ejecutivos de los partidos de oposición y disidentes chavistas, así como el contexto general de represión política, con más de 250 presos políticos”.
Con información de El Impulso
