Cedice Libertad emite balance sobre situación de los derechos de propiedad en Venezuela
La Patilla
Cedice Libertad a través de un balance esbozó la delicada situación con respecto a los derechos de propiedad en Venezuela.
El balance fue emitido este 11 de enero y puntualiza la destrucción sobre los derechos de la propiedad en el país desde el 2005, donde además señalan que el objetivo del “socialismo del siglo XXI” busca sesgar la libertad de los venezolanos.
Situación de los derechos de propiedad en Venezuela
BALANCE
La propiedad es un derecho humano fundamental, que junto con la vida y la libertad, deben ser garantizados en una sociedad donde el Estado de Derecho sea la institución fundamental que rija la vida de los ciudadanos. La defensa de este derecho es uno de los propósitos del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad) como institución, a través de su Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP).
Sacar a la luz la lucha contra la propiedad emprendida por el Socialismo siglo XXI es comprender el camino tortuoso en su objetivo de negar la libertad de los ciudadanos. Los siguientes eventos son una muestra fehaciente de este camino ya fracasado en todas las sociedades donde se ha intentado destruir lo esencial del ser humano, su capacidad de pensar, crear y elegir y de tener propiedad.
1999-2019
Desde el ODP de Cedice Libertad se ha llevado un seguimiento, monitoreo y registro de las afectaciones al derecho de propiedad desde 2005, lo que permite determinar la política sistemática de destrucción de este derecho que es fruto del esfuerzo de la acción humana. Se trata de una política porque se pueden ver claramente actuaciones y omisiones por parte de los Poderes Públicosen contra de la propiedad.
En la ejecución de esta política también podemos ver etapas en su avance. Cada etapa supone el uso de un instrumento “legal” o un método de actuación u omisión acompañado de casos emblemáticos.
A partir de 1999La campaña electoral de Hugo Chávez Frías incluía el llamado a una Asamblea Constituyente y su primera actuación trajo como resultado la Constitución de 1999. A partir de este año, y a través de decretos leyes, se iniciaría la transformación del ordenamiento jurídico para ir minando los derechos de propiedad.
2005-2010
Este periodo se caracterizaría porque las primeras víctimas de esta política de Estado fueron los dueños de tierras, posteriormente la agroindustria y las transnacionales de distintos rubros.
2014 y siguientes añosLos ataques contra la propiedad se verán, por una parte, en la imposibilidad de continuar operaciones de las empresas por las condiciones adversas presentes prácticamente desde el año 2000, y por otra, en la toma de algunas de estas empresas por parte del Gobierno para asegurar la continuidad de las operaciones.
2017-2019
La violación a la propiedad ya no se vería como un caso ajeno o aislado o la afectación “del que tiene”. Aunque de un modo o de otro se han afectado personas y familias desde el inicio, lo cierto es que desde el año 2017 es algo patente y finalmente la mirada internacional se posó en nuestro país.
2020
Desde el ODP hemos registrado también los principales hitos ocurridos a lo largo de este año 2020, el año de la pandemia:
Decreto de estado de alarma (marzo): Debido a la pandemia a nivel mundial, el 13 de marzo de 2020 se decretó el “Estado de Alarma” a través del Decreto No 4.160[1]– para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 en el territorio nacional.
Desde su decreto, se extendió el estado de alarma varias veces a lo largo del año y con ello, se mantuvieron en gran medida las medidas decretadas que significaron:
- Confinamiento en lugar de cuarentena: En estos momentos, la cuarentena, que se definiría como un aislamiento preventivo al que se somete durante un período, por razones sanitarias, a personas o animales, ha perdido esta característica. Tratándose de la principal medida adoptada en este periodo, al prorrogarse en varias oportunidades el estado de alarma, el aislamiento preventivo no parece tener un límite de tiempo o al menos existe cada vez más mayor incertidumbre sobre su fin.
- Violaciones a la propiedad privada: Lamentablemente consistente con una política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada se reiteran medidas como la suspensión de pago de los cánones de arrendamiento, lo cual no sólo afecta al propietario del inmueble sino a todas las partes de la relación arrendaticia. Adicionalmente, al adoptarse medidas de radicalización de la cuarentena se han creado las condiciones para el abuso del poder por parte de las fuerzas públicas y con ello más violaciones a la propiedad.
- Violaciones a la libertad económica: Las fuertes restricciones para el desarrollo de las actividades económicas ponen en riesgo su subsistencia y los puestos de trabajo que antes de la declaratoria del estado de alarma ya se encontraban en una precaria situación. Aunque de forma incierta, y anunciado con poco aviso e informalmente, se ha intentado una desescalada de la cuarentena, al no adoptarse un plan de reactivación de todos los sectores de la economía, discutido con los principales involucrados, se impide el ejercicio de la libertad económica.
Cierre de operaciones de DIRECTV Latin America en Venezuela (mayo)
A más de 60 días de decretado el «Estado de Alarma», en la mañana del 19 de mayo de 2020, los venezolanos recibimos la triste noticia del cese de operaciones en Venezuela de DIRECTV.
En su comunicado expresaron: «Hoy, AT&T Inc anunció el cierre de las operaciones DIRECTV Latin America en Venezuela, con efecto inmediato. Las sanciones del gobierno de Estados Unidos en Venezuela han prohibido la transmisión de los canales de Globovisión y PDVSA, ambos requeridos bajo la licencia para ofrecer servicio de TV paga en Venezuela».
Como se recordó en su momento, el cese de operaciones significó el riesgo de perder 600 empleos y la pérdida del acceso a servicio de televisión de dos millones de hogares.
«Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos» (octubre)
El 12 de octubre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial No. 6.583 Extraordinario, la «Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos», dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que además de tener una cuestionada legitimidad de origen que se apuntó en su oportunidad, atenta en sus contenidos contra el Estado de Derecho, al conferir excesivas facultades a Nicolás Maduro, quien ya ostentaba amplias facultades y competencias debido al permanente estado de excepción por emergencia económica decretado hace algunos años.
El objeto de esta Ley es otorgar al Poder Público «herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, de medidas coercitivas unilaterales». Debe insistirse que la actual crisis humanitaria que atraviesa el país es resultado de años de la aplicación de medidas económicas por parte del Gobierno con fines políticos. Desde el Observatorio de Propiedad se ha denunciado una política sistemática de destrucción de la propiedad desde el año 2005. Es evidente que esta Ley pretende ocultar una realidad que se ha venido denunciando por años.
La viralización de denuncias en redes sociales (noviembre y diciembre)
10 meses «encerrados». En la etapa actual, en el que el seguimiento de los casos es más difícil, se evidencia un mayor ataque contra los negocios e inmuebles de las personas. Se siguen empleando a voluntad las fiscalizaciones a comercios y empresas con fines proselitistas, ya que aseguran luchar contra la guerra económica (esta vez contra el bloqueo económico). Hace poco se hizo viral en redes sociales el caso del restaurante Casa Urrutia.
Como estamos limitados por el estado de alarma y como la economía en general está profundamente deprimida, el ataque se dirige a los pocos espacios todavía productivos o con potencial para ello. Quienes aún producen, lo hacen a riesgo de convertirse en las víctimas de turno de esa política sistemática de destrucción de la propiedad privada.
2021: Flexibilización, pero aún con violaciones
Como efecto de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en contra del gobierno venezolano; la flexibilización de los controles; el resurgimiento del mercado bursátil ante las dificultades del sector bancario y otros factores, algunos expertos anticipan cierta estabilidad en lo económico para el próximo año. Podría decirse, sin temor a exagerar, que desde hace algunos años Venezuela parecería acercarse más al modelo chino.
Lo anterior podría implicar ligeros cambios en el patrón de violación a la propiedad, pero ello no significa que cambie completamente, pues no se trataría de cambios estructurales sino de las siguientes etapas de la política sistemática de violación a la propiedad privada, detectada desde el año 2005.
[1] Publicado en Gaceta Oficial N° 6.519 Extraordinario, 13 de marzo de 2020. Posteriormente, el 12 de abril de 2020 se dictó el Decreto N° 4.186, mediante el cual se prorrogó el «Estado de Alarma» por treinta días, el cual fue publicado en Gaceta Oficial N° 6.528 Extraordinario, de esa misma fecha.
