Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV rechaza ataque a la máxima casa de estudios del país

Nota de prensa

El mismo día en que se conocieron los actos vandálicos contra instalaciones de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, con antecedentes similares que ya se han producido contra la Escuela de Estudios Políticos de esa Facultad y contra la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; los profesores que integran la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela se pronunciaron condenando dichos ataques a la infraestructura de la UCV, recordando que afectan instalaciones declaradas como “Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO”, organismo ante el cual se denunciarán estos hechos.

Los mensajes que se han dejado sobre las fachadas de instalaciones de la Escuela de Derecho de la UCV expresan: “Chavismo al Combate” y se refieren a la decisión judicial Nro. 324-2019 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 27-8-2019, que ordenó a la UCV realizar elecciones de sus autoridades bajo un sistema impuesto por ese Tribunal, en un plazo de 6 meses que culmina el 27 de febrero de 2020, bajo la amenaza que, de no realizarse esas elecciones, las autoridades de la Universidad serían designadas “a dedo” por el Ejecutivo Nacional a través del CNU, lo cual  acentuaría el proceso de intervención de las universidades en Venezuela, que ya lleva más de una década en materia presupuestaria.

En este sentido, los miembros de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, informaron que han cumplido en su mayoría un cronograma de más de 20 actividades, conferencias, charlas, conversatorios, Consejos de Escuela ampliados y encuentro con sectores de la Comunidad Universitaria, donde se han explicado a diversas facultades, escuelas y sectores de la Universidad, las razones por las cuales la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nro. 324, es inconstitucional, ilegal e ilegítima, al establecer un sistema electoral que es contrario a la garantía constitucional de la autonomía universitaria, prevista en el artículo 109 de la Constitución, a la Ley de Universidades, los Reglamentos y Normas Internas de la Universidad. Se prevén decenas de actividades más en este mismo sentido.

De dichas actividades los representantes de la Cátedra de Derecho Constitucional han podido observar que, existe una gran mayoría del claustro universitario, que se inclina por realizar las elecciones de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, no con el sistema que pretende imponer el Tribunal Supremo de Justicia, sino, por el contrario y, como debe ser, siguiendo los principios y valores establecidos en la Constitución, respetando la autonomía universitaria en la elección de sus autoridades y normas de gobierno, así como los derechos humanos de carácter educativo establecidos por el Protocolo de San Salvador que forma parte integrante de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Coinciden también los profesores, de manera unánime,  que el proceso electoral debe hacerse conforme a la Ley de Universidades y a los Reglamentos Electorales internos de la UCV, para evitar que para el 27 de febrero de 2020, el oficialismo intervenga la Universidad mediante una elección ilegítima de las autoridades universitarias.

Por ello seguirán trabajando conjuntamente con todos los sectores universitarios y de la sociedad, para hacer frente a la pretensión totalitaria de imponer un sistema electoral con el único propósito de ejercer el control absoluto, político e ideológico sobre la UCV, mediante autoridades que pretendan aplicar en las universidades el “Plan de Rectificación Cambio y Renovación Universitaria”, con el cual el Ministerio de Educación Superior, busca reformar todas las carreras, pensum de estudios, especializaciones, postgrados y líneas de investigación, al Plan de la Patria y al llamado “Socialismo del Siglo XXI”.

Los miembros de la Cátedra de Derecho Constitucional, además de seguir haciendo las denuncias que ya han iniciado ante la CIDH en el expediente 274-19 llevado por ese organismo; han asesorado a la Consultoría Jurídica de la UCV en las consultas que se le han hecho al respecto sobre los recursos que eran posible ejercerse en esta materia a nivel del derecho interno. Sin embargo, continuarán actualizando las denuncias ante la CIDH, los representantes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO.

Además de lo anterior anunciaron que trabajarán en un Proyecto de Ley con el objeto de establecer y reforzar las garantías democráticas e institucionales que protejan a la Universidades venezolanas de las medidas y políticas autoritarias que pretender desnaturalizar su finalidad esencial: crear conocimiento en búsqueda de la verdad para guiar a la sociedad en su desarrollo, formación y futuro.

Asimismo, los profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, expresaron que apoyarán las manifestaciones del Magisterio, previstas para los próximos días, porque los une un mismo valor: la educación como factor de cambio, evolución, movilidad social y desarrollo de la Sociedad.

Finalmente, bajo el lema “La República se juega en la batalla por la Universidad”, señalaron que frente a los ataques, amenazas y amedrentamientos como los que se han reflejado en las instalaciones de la Escuela de Derecho de la UCV, y otros que han recibido en el pasado: no se rendirán. Muy por el contrario, esos ataques servirán de impulso y energía para defender con mayor convicción, con los principios y valores libertarios de la UCV, la educación y las instituciones universitarias venezolanas.

Por último, invitaron a los medios de comunicación, reporteros, periodistas, ciudadanos, gremios, estudiantes, egresados, docentes, a la Asamblea que se realizará este martes 22 de Octubre en la Facultad de Arquitectura de la UCV, a las 10:30 a.m., con diversas autoridades, para analizar e informar sobre pretensión totalitaria, contenida en la sentencia 324 del TSJ, y la hoja de ruta de resistencia cívica ciudadana en defensa de la autonomía universitaria, a través de realización de elecciones de las autoridades, conforme a las normas constitucionales y de la Ley de Universidades.