Caso Odebrecht pone bajo la lupa al principal hombre de confianza de Rafael Correa

EFE

El vicepresidente electo Jorge Glas es la personalidad política de mayor rango que irá a juicio por la trama Odebrecht en Ecuador, un proceso que saca a la luz el presunto entramado de sobornos que hubo en el país bajo el Gobierno de Rafael Correa.

El segundo mandatario fue imputado el martes junto con otros doce procesados, por el delito de presunta asociación ilícita, al haber supuestamente acordado pagos ilegales del 1 y 1,3 por ciento por cada contrato adjudicado para cinco grandes obras cuando era responsable de áreas estratégicas entre 2010 y 2016, con los que se habría beneficiado de más de 13 millones de dólares.

Glas, quien acudió como número dos de la lista electoral junto a Lenín Moreno en las elecciones de abril pasado, pero que fue retirado de sus funciones por el presidente por discrepancias políticas, se encuentra en prisión preventiva desde el 2 de octubre en el proceso de investigaciones del caso Odebrecht.

Tras asumir el cargo en mayo, Moreno anunció una «cruzada» contra la corrupción en todos los niveles del aparato institucional y su alejamiento de Glas coincidió con los primeros indicios que apuntaban a su presunta implicación en el caso Odebrecht, que a mediados de año salpicaba a varios dirigentes y exmandatarios latinoamericanos.

Sobre la decisión del tribunal el presidente guarda de momento un mutismo oficial en claro contraste con su predecesor, que criticó a la justicia y defendió a Glas, quien fue su vicepresidente.

«El Gobierno del señor Moreno es de transición y responde a los intereses de Alianza País (AP, formación que dirige) y de alguna manera le resulta difícil evidenciar el gran aparato de corrupción en los diez años del Gobierno de Correa», cree Santiago Basabe, profesor de Política Comparada en la Facultad Latinoamericana.

Para este analista, el presidente debe sostener un frágil equilibrio porque una lucha frontal contra el correísmo puede volverse en su contra, y el de Glas se está convirtiendo en un caso emblemático al ser considerado por una facción de AP como «perseguido político».

Basabe defiende en sus tesis que Ecuador es un país con un pobre estado de derecho, donde la judicatura está, en su opinión, subordinada al poder dominante y por ende a los dictados del Ejecutivo.

En este sentido, considera que los jueces otrora aliados del correísmo, en estos momentos están palpando los «nuevos aires» que emite el Ejecutivo de Moreno sobre la corrupción, aunque aún actúan con timidez.

«Creo que es más fácil entender por qué se enjuicia a Glas por un delito menor como es la asociación ilícita, no solo por la pena que puede recaer sobre él -de 3 a 5 años de prisión-, sino por el impacto jurídico y económico que se plantea», señala.

Aduce que a Moreno le interesa distanciarse de la etapa anterior, en la que desempeñó como vicepresidente, para enviar el mensaje de que «se está desmarcando de un sistema articulado de corrupción», donde Odebrecht es una mínima parte.

Coincide con él Juan Carlos Calderón, periodista que lleva tres décadas investigando casos de corrupción, en que la administración de justicia ha estado «casi siempre» subordinada al poder político, siendo la última década «mucho más evidente y frontal».

Subraya que el de ayer es el primer llamado a juicio del segundo en la jerarquía del Gobierno de Rafael Correa, un ministro que manejó todos los contratos en sectores estratégicos, en concreto el energético, y hombre de absoluta confianza del antiguo mandatario.

«Sí, es una señal políticamente potente sobre la relación que había entre el presidente de la República y él», dice antes de mencionar que resultaría casi imposible con todos los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, que el vicepresidente hubiera actuado solo o bajo su propia responsabilidad.

Sugiere que el caso en el que está presuntamente implicado Glas se circunscribe al sector energético, pero que pueden salir nuevas denuncias en muchas más áreas y refiere que en sus investigaciones tiene documentados al menos otros 54 casos de presunta corrupción en el país en ese período, algunos de mucha mayor envergadura.

Calderón afirma que el caso Odebrecht supone el 10 por ciento de lo que significó toda la presunta contratación ilegal del Estado en diferentes las áreas.

«Es la punta del iceberg y tiene que ver con Correa, que se declaró jefe de todos los poderes por lo que es imposible que evada su responsabilidad política, los casos son evidentes», concluye.