Caso Narcosobrinos| Personas citadas como «cómplice» poseen información
Con inf de Venezuela Política
El pasado 6 de octubre, el gobierno de los Estados Unidos envió tres citaciones a ciudadanos venezolanos residenciados en Caracas para testificar frente al Gran Jurado de Nueva York, sobre el caso por el cual están siendo procesados los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. Las citaciones fueron enviadas por correo electrónico a las direcciones que aparecían en la cuenta de email de los dos acusados. La defensa pidió al la corte que fueran anuladas esas citación, sin embargo, el 13 de octubre de 2016, el juez Paul Crotty ordenó a los fiscales Emil J. Bove III y Brendan F. Quigley enviar las solicitudes de comparecencia a través de un alguacil, pero no anuló las acciones de la fiscalía. Las citas estaban prevista para este viernes 21 de octubre a las 12 del medio día en un edificio federal ubicado en Manhattan.
Dos de las tres personas citadas estuvieron con Campos Flores y Flores de Freitas en el vuelo charter que llevó a los dos acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los EEUU, desde Caracas hasta Puerto Príncipe, donde ambos sujetos fueron detenidos por la policía antidrogas de Haití, a petición de las autoridades del Distrito Sur de Nueva York.
Al conocer la existencia de dichas citaciones, los abogados de los primos Flores enviaron una carta al juez Paul Crotty para pedirle que declarara nulos los emplazamientos «que de manera impropia había enviado el gobierno a los contactos de sus clientes, haciendo un uso ilegal del poder de citación del Gran Jurado».
Los abogados de los dos sobrinos presidenciales exigieron a la corte que se pronunciara sobre lo que consideraban «un exabrupto por parte de la fiscalía» señalando que los argumentos usados por el gobierno -para enviar dichas citaciones- carecían de soporte legal y eran, por tanto, una violación expresa a la norma.
Uno de los aspectos que fue más criticado por los defensores de los Flores fue la vía usada por el gobierno para enviar las citas. Dijeron en la carta que «si bien el gobierno dice que la trasmisión de invitaciones para testificar por correo electrónico es una práctica común, el asunto no es legalmente aceptable y por lo tanto es erróneo». Los 6 abogados defensores citaron la Regla 17 para recordarle al fiscal que «dichas citaciones debían haber sido enviadas personalmente, de la mano de un alguacil del gobierno americano».
El juez Crotty dio la razón a la defensa en relación al método usado para enviar las convocatorias pero no calificó dichas citaciones de nulas o ilegales. Autorizó a la fiscalía para que las hiciera llegar por medio de un funcionario de la embajada americana en Caracas.
Pero además de la vía usada por el gobierno para el envió las citaciones, los abogados defensores acusaron a los fiscales de haber enviado mensajes de correo electrónico engañosos a las personas que no se encuentran en los Estados Unidos.
Argumentaron que el Gobierno no tiene autoridad para acosar a los contactos de los acusados con citaciones emitidas por el Gran Jurado del Distrito de Nueva York y afirmaron -además- que no se les debe permitir engañar a los ciudadanos de una nación extranjera sobre el supuesto que tienen que viajar a los Estados Unidos bajo la falsa autoridad.
Igualmente dijeron que no se podía permitir que el Gobierno estuviese enviando un correo electrónico al azar a varios ciudadanos de un país soberano, en violación de las Reglas Federales, e incluso, de las propias reglas de procedimiento del Departamento de Justicia.
Recordó que los extranjeros que residen fuera de norteamérica no están sujetos al poder de citación de los Estados Unidos, y que su asistencia sólo puede obtenerse de forma voluntaria. La obtención de los testimonios de los extranjeros es a menudo un asunto delicado, y se debe tener cuidado para evitar ofender a la soberanía del país extranjero, en este caso Venezuela.
Los abogados defensores recordaron que la obtención de pruebas fuera de los Estados Unidos implica consideraciones desconocidas para muchos de los fiscales estadounidenses y que la mayoría de los problemas asociados con la recolección de evidencias internacionales giran en torno al concepto de soberanía.
-La otra nación puede considerar el esfuerzo de un investigador o un fiscal estadounidense para investigar un crimen o reunir pruebas dentro de sus fronteras como una violación de la soberanía. Incluso tales actos, aparentemente inocuos como una llamada telefónica, una carta, o una visita no autorizada a un testigo en el extranjero pueden caer dentro de esta estenosis. Una violación de la soberanía puede generar protestas diplomáticas y dar lugar a la denegación de acceso a las pruebas o incluso la detención del agente o asistente del Fiscal de los Estados Unidos que actúa en el extranjero, sostuvieron los abogados.
Los acusados dijeron que no estaban tratando de sofocar las citaciones sino que buscaban la intervención de la Corte en relación con el uso ilegal y abusivo del poder del Gran Jurado.
Sostuvieron que los acusados tienen un legítimo interés en la prevención del acoso de sus contactos ubicados en Venezuela. De acuerdo a los sobrinos de Cilia Flores, la conducta del gobierno norteamericano es inaceptable y sus argumentos no hacen otra cosa que justificar la acción engañosa, razón por la cual pidieron a la corte actuar para que el Gobierno cese y desista del uso incorrecto de los emplazamientos.
El gobierno justifica su acción
El Gobierno norteamericano, por su parte, sostuvo que las tres citaciones para testificar frente al Gran Jurado que fueron enviadas a terceros «no tienen motivaciones políticas, tal cual como los demandados afirmaron falsamente».
La fiscalía dijo que los dos acusados no tiene legitimidad para impugnar las citaciones que hace el gobierno. En una carta fechada el 12 de octubre, el fiscal Preet Bharara dijo que la transmisión de citaciones vía e-mail es una práctica común en su despacho y aseguró que las citaciones que se hicieron a los testigos que acudieron a la audiencia de prueba celebrada el 8 y 9 de septiembre de 2016 convocada para suprimir las evidencias, fueron hechas vía email.
La fiscalía afirmó que no es ilegal el uso de los contactos de los acusados para enviar las citas, aunque advirtió que los terceros tienen la libertad de objetar el método usado por el Gobierno para convocarlos. Asimismo, sostuvo que se le nombrará un abogado a esas personas citadas, a la vez que reveló que los testigos tienen la posibilidad de hacer la testificación de forma remota si fuere apropiado.
El fiscal dijo que el Gobierno va a discutir los procedimientos usados en la convocatoria de terceras partes con los abogados de los acusados, sino -en todo caso- con los representantes legales de las personas citadas para testificar.
Bharara dejó claro que las primeras tres citaciones fueron emitidas para un propósito adecuado y advirtió que mientras el Gobierno está preparando todos los elementos para el juicio, continúa haciendo investigaciones criminales relacionadas con el caso.
No debería ser una sorpresa para los acusados que esas investigaciones se están realizando aclaró el fiscal.
El gobierno está dispuesto hacer una declaración complementaria que describe las pruebas en la creencia que los terceros tienen vínculos con el caso.
Las personas identificadas por los acusados como «cómplices» durante sus confesiones son objeto de interés para el gobierno, al igual otros individuos adicionales que se han identificado y que se cree puedan poseer la información pertinente a las investigaciones penales en curso.
