Casal: Reprogramar regionales obedece al interés de una ANC «espuria» de demostrar poder
Sugey Díaz
Para el abogado constitucionalista Jesús María Casal, la reprogramación de las elecciones regionales ordenada por la ANC y acatado por el Consejo Nacional Electoral es un acto que obedece «al interés de ese cuerpo espurio -ANC- de demostrar su supuesto poder plenipotenciario y a través de esa idea tomar como un triunfo sobre la oposición».
Cree que el chavismo «aprovecha de un factor sorpresa», respecto a una oposición que desconocía los planes de adelantar los comicios, esto sumado «al abultamiento de datos de la ANC, la denuncia de Smartmatic» y otros aspectos que recientemente ponen en entredicho el carácter imparcial del ente comicial.
Reitera que a pesar de la percepción de divisiones en la Mesa de la Unidad Democrática sobre la participación en los comicios, Casal destaca que «la voluntad de participación es muy alta en Venezuela y no tiene que ver con la confianza en el arbitro, sino que es visto como una lucha hacia la construcción de una democracia»
Desde el punto de vista de ciudadano considera que «es importante participar, no porque uno tenga confianza en el arbitro, y vale recordar lo demostrado en las parlamentarias; sino porque hay que construir también la ruta democrática electoral, es una ruta central en el ejercicio del voto».
El abogado señala que lucha de la MUD además de las acciones pacíficas de calle se prepare para «colocar testigos, exigir garantías y actuar en todos los escenarios, uno de los objetivos centrales de la ANC es la desmoralización, de generar desesperanza para que eso genere consecuencias en el plano electoral para la oposición».
Insiste en que cuando el pueblo de Venezuela aprobó el referendo de la Constitución de 1999 fijo una serie de principios que se están violando con las acciones de la Asamblea Constituyente. «Como la ley de la comisión de la verdad, que establece que se pueden ordenar condiciones coactivas… eso es un problema ante la libertad de derechos humanos; la facultad para determinar responsabilidades políticas, que según la CRBV pueden dar lugar a llamados de atención peno no inhabilitaciones… en esa comisión de la verdad «hay problema de garantías de imparcialidad, un órgano fundamentalmente político quiere asumir esta tarea».
«Afortunadamente apenas es una propuesta, tanto exigir una carta de buena conducta como la posibilidad de inhabilitaciones políticas, en ambos casos serían violaciones gravísimas a los derechos políticos. Va en contra de todos los derechos jurídicos»
caso alcaldes destituidos
El jurista explica cómo, a su juicio, en los últimos años las atribuciones tomadas por el TSJ distan de lo establecido en la leyes vigentes en el país.
«Ley Orgánica de Amparo establece un derecho, hasta 2014 siempre la jurisprudencia había decidido que las averiguaciones debían pasarse al MP y solo después de una investigación y una sentencia firme de juez penal es que se procedía a decidir sobre sanciones de desacato, eso cambió en 2014 cuando la Sala Constitucional se erigió como un órgano competente para violar la soberanía popular en el caso de los alcaldes electos por el voto popular».
