Canciller de Chile defendió decisión de expulsar a migrantes venezolanos
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El Canciller de Chile, Andrés Allamand, aseguró que su país está en la obligación y en el derecho de hacer cumplir sus leyes, a propósito de la reciente expulsión de un grupo de migrantes venezolanos.
En una entrevista ofrecida al diario El Mercurio, el funcionario reconoció que el tema de la migración es complejo para ambos países y reveló que Julio Borges y Leopoldo López, como representantes de la administración de Juan Guaidó, lo contactaron vía telefónica para conocer el motivo de la expulsión.
A las autoridades de la oposición venezolana siempre les hemos dicho que Chile tiene el derecho y la obligación de cumplir la ley“, expresó Allamand.
El canciller destacó que en la actualidad hay más de 500.000 venezolanos en Chile y que la mayoría ha regularizado su situación migratoria durante el gobierno de Sebastián Piñera.
“Hemos otorgado, y seguimos haciéndolo, más de 75.000 visas de responsabilidad democrática, y ahora impulsamos un programa que incentiva la reunificación familiar. Son expresiones concretas de solidaridad”, agregó.
Señaló que su reciente viaje a Colchane, epicentro de la crisis migratoria, tuvo como objetivo evaluar cuál es la situación que afecta a las comunidades por este fenómeno de migración ilegal que se dan a través de pasos clandestinos o no autorizados, “y dejar en claro que, a partir del actual gobierno, se acabó el “chipe libre” en materia migratoria”.
Explicó que Chile se encuentra aplicando tres fases para el proceso de migración: Antes de la frontera, en la frontera y después de la frontera.
Explicó que la primera etapa consta de coordinaciones políticas y policiales para la desarticulación de bandas de tráfico de personas, así como para informar sobre el estado de la realidad migratoria.
El segundo paso, comprende el despliegue del cuerpo de Carabineros, la Policía de Investigación y las Fuerzas Armadas
En cuanto al último paso, dijo: “Queríamos entregar una señal clara de que las personas que infringen la legislación e ingresan al país por pasos no autorizados pueden ser objeto de sanciones, siendo la más severa la expulsión”.
Con información de El Impulso
