Cambio climático e inmigración marcan la campaña electoral en Australia
EFE
La inmigración y el cambio climático son dos de las cuestiones que más polarizan el debate político en Australia y que el nuevo gobierno que salga de las elecciones del próximo sábado deberá abordar ante una creciente presión ciudadana.
Durante la última década, la política energética ha sido el talón de Aquiles de los sucesivos gobiernos laboristas y conservadores en el país oceánico, importante exportador de carbón y uno de los que siente con más fuerza los efectos del calentamiento global.
El año pasado fue su tercero más caluroso desde que hay registros y su región suroriental padece la peor sequía del último siglo, mientras uno de sus principales patrimonios naturales, la Gran Barrera de Arrecife, se recupera de dos episodios seguidos de blanqueo que causaron una mortalidad en masa de sus corales.
Esto hace que los australianos sean los que están más preocupados por el cambio climático -un 44 por ciento de sus ciudadanos frente a una media global del 37 por ciento- y que hayan aumentado las movilizaciones para exigir acciones.
El gobierno de Scott Morrison, candidato a la reelección por la coalición Liberal-Nacional, propuso reducir entre un 26 y un 28 por ciento las emisiones de gases en 2030 con respecto a los niveles de 2005, objetivo que el independiente Consejo del Clima descarta que se cumpla.
Morrison, que siendo Tesorero compareció en el Parlamento con un trozo de carbón para defender su uso para generar electricidad, ha promovido un sistema de incentivos para reducir unas emisiones que los expertos cuestionan.
«La emisión de gases contaminantes aumenta de forma constante desde 2013 (año de la vuelta de los conservadores al poder)», según dijo a Efe el director del Instituto del Cambio Climático, Mark Howden, que aseguró que la actual política de generación energética «no funciona».
El Partido Laborista, que encabeza las encuestas, ha respondido con una propuesta para elevar la reducción al 45 por ciento de las emisiones en la próxima década y promover el uso de vehículos eléctricos.
La formación, liderada por Bill Shorten, ha evitado en cambio recuperar el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono introducido en 2012, que fue duramente criticado por los conservadores, pese a que había sido aceptado por las grandes empresas y que acabó contribuyendo a la caída del último gobierno laborista.
El otro asunto que domina el debate doméstico es el de la inmigración, condicionado desde 2012 por la controvertida política de internar a solicitantes de asilo en centros de detención en el Pacífico, reintroducida tras la llegada ese año en barco de 17.000 «sin papeles», la mayoría procedentes de zonas en conflicto.
Criticada por la ONU y grupos de defensa de los derechos humanos por esta política, Australia aceptó este año evacuar a todos los menores de los centros en Nauru y Papúa Nueva Guinea, y trasladar a Australia por razones médicas a los adultos tras una campaña de denuncia organizada por médicos.
Los dos principales partidos comparten la posición de firmeza en el control fronterizo, que en abril llevó a Morrison a congelar la cuota anual de admisión de refugiados en 18.750, si bien los laboristas abogan por llegar a más acuerdos para acoger a los refugiados con terceros países como Nueva Zelanda.
El ejecutivo también redujo el cupo de entrada de inmigrantes permanentes de 190.000 a 160.000, ante el creciente malestar ciudadano por el aumento de la presión demográfica en infraestructuras y servicios en las principales ciudades, en especial Sídney y Melbourne.
Australia, un país de inmigrantes y cercano a Asia, ha recibido población de todas partes del mundo que llegaron bajo un programa de inmigración asistida hace más de 50 años.
A pesar de tener un territorio de más de 7,6 millones de kilómetros cuadrados, sus más de 24 millones de habitantes se aglomeran en las ciudades de la franja costera del sudeste del país en detrimento del desarrollo de las zonas rurales y del interior.
Para ello, el último gobierno introdujo nuevos requisitos a la concesión de visados a solicitantes cuyas profesiones son requeridas en Australia, incluida la condición de residir al menos tres años en zonas rurales o ciudades medianas para aspirar a la residencia permanente, así como un sistema de incentivos para redirigir el flujo migratorio.
«Nos ofrecieron todas las garantías migratorias, una visa de trabajo para él, el patrocinio para mí, ayuda económica para los billetes y los gastos de reubicación», dijo a Efe la colombiana Juliana Moncada que junto a su marido, un ingeniero electrónico, se instaló en Wagga-Wagga, a 460 kilómetros al suroeste de Sídney.
