Bulgaria obligada a indemnizar a antigua familia real
EFE
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó este martes que el Estado búlgaro tiene que indemnizar al antiguo rey Simeon y a su hermana con algo más de 1,6 millones de euros por unas propiedades que les fueron expropiadas por el anterior régimen comunista.
El tribunal con sede en Estrasburgo falló a favor de Simeon Borisov Sakskoburggotski y de su hermana Maria-Luisa Borisova Chrobok, antiguos miembros de la realeza búlgara, que demandaban una «compensación equitativa» por la imposibilidad de explotar entre 2009 y 2020 dos terrenos de su propiedad para la silvicultura comercial por una moratoria impuesta por el Estado.
Ya en septiembre 2021, el TEDH había dado la razón a los dos demandantes al considerar que Bulgaria había violado el derecho a la propiedad y el derecho a un proceso equitativo, pero la cuestión de la compensación económica había quedado por determinar.
La indemnización final fijada hoy asciende a 1.635.875 euros en concepto de «daños materiales», más 184 euros por costes legales.
El expediente hace referencia a los terrenos de Saragyol y Sitnyakovo, propiedad de la antigua Corona búlgara.
Chrobok (nacida en 1933) tenía el título de princesa y Sakskoburggotski (nacido en 1937) fue coronado rey de Bulgaria como Simeón II en 1943, pero fue depuesto al final de la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída del Muro de Berlín y el fin del régimen comunista, fundó un partido político en 2001 con el que fue primer ministro hasta 2005.
La monarquía fue abolida en 1946, la familia real se exilió y sus propiedades fueron transferidas al Estado. Pero en 1998 esa confiscación fue juzgada contraria a la Constitución y el Estado quedó obligado a restituir los bienes de la Corona.
Sobre los terrenos en disputa, sin embargo, pesaba una moratoria legal que impedía el traspaso de la propiedad y la explotación comercial debido a razones de protección de los espacios forestales.
Para el TEDH, esas «medidas de las autoridades búlgaras» no estaban justificadas, «habían supuesto una carga individual desproporcionada para los demandantes», que estaban siendo discriminados «por su origen y posición social».
En su dictamen de este martes, Estrasburgo hizo también hincapié en que las medidas duraron «demasiado tiempo» y no fueron «objeto de control judicial».
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