Brasil avala a Moreno y pide «respuesta continental» ante crisis en Ecuador
EFE
El Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo afirmó este domingo que Suramérica «está movilizada en defensa de la democracia en Ecuador» y que, ante una «amenaza continental, la respuesta debe ser continental».
Según consideró Araújo en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, «fuerzas de izquierda, apoyadas en la red criminal del Foro de Sao Paulo», intentan «derrumbar al presidente legítimo Lenín Moreno» con acciones de «violencia y vandalismo».
«La amenaza es continental, la respuesta debe ser continental», completó el canciller en su publicación.
El ministro también replicó en sus redes sociales los comunicados conjuntos firmados por el Mercosur, bloque conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), organismo integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú.
En una nota conjunta, los países del Mercosur lamentaron «los actos de violencia registrados en las últimas horas en la república hermana del Ecuador» y saludaron «la voluntad del Gobierno ecuatoriano y de los sectores representativos de la sociedad» para «entablar diálogo con miras a normalizar el orden en el país».
«Los países del Mercosur reiteran su apoyo al Gobierno democráticamente constituido de Ecuador, al Presidente Lenín Moreno y anhelan la pronta restauración de la paz en el país», agregó la nota, publicada por la Cancillería brasileña.
En la misma línea, el Foro para el Progreso de América del Sur reiteró su apoyo a Moreno y pidió una solución pacífica a la crisis social y política que vive el país andino desde hace más de una semana.
Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden han dejado al menos 7 muertos, 1.152 personas detenidas y 1.340 heridas desde el pasado 3 de octubre, según la Defensoría del pueblo de ese país.
Los ecuatorianos empezaron a ocupar las calles hace diez días, en protesta contra las medidas de austeridad económicas adoptadas por el Gobierno, sobre todo la eliminación de los subsidios a los combustibles, como parte de las condiciones puestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones para un crédito de 10.000 millones de dólares.
