Bolsonaro critica ley que expropia tierras por prácticas de trabajo esclavo
EFE
El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, criticó este martes una ley que castiga con la expropiación de sus tierras a los hacendados que promuevan el «trabajo análogo a la esclavitud».
De acuerdo con Bolsonaro, un capitán de la reserva que llegó a la presidencia de Brasil, los hacendados no pueden «perder la granja» porque ofrezcan a sus trabajadores «un colchón por debajo de 10 centímetros de grosor» o «un recinto mal ventilado, con ropa de cama rasgada, pocillo desportillado, entre otras 200 especificaciones».
«Ese ciudadano va a perder la hacienda. Él, nietos y bisnietos van para la calle y eso si él no va para la cárcel. ¿Quién tiene coraje de invertir en un país como éste? Nadie», cuestionó.
Para Bolsonaro, existe una línea «tenue» entre «trabajo esclavo» y «trabajo análogo a la esclavitud», que según él son tratados de la misma manera y deberían ser claramente diferenciados.
Brasil fue el último país en abolir la esclavitud en 1988 con la ley Aurea, momento a partir del cual la expresión «trabajo análogo al esclavo» se utiliza para designar situaciones degradantes, similares a las de la esclavitud.
De acuerdo con la legislación brasileña, propiedades urbanas y rurales donde se encuentre explotación del trabajo esclavo serán expropiadas y destinadas «a programas de reforma agraria y vivienda popular, sin compensación alguna para el propietario y sin perjuicio de otras sanciones previstas por la ley».
El líder de ultraderecha, que fue elegido en octubre pasado con un fuerte respaldo de los grandes propietarios rurales, ha adoptado diferentes medidas en favor de los hacendados.
De acuerdo con las declaraciones que Bolsonaro dio este martes a la prensa, «nadie está a favor del trabajo esclavo», pero en una directa referencia a un magistrado de la Corte que se encontraba en el recinto, el gobernante señaló que «algunos de ustedes consideran que el trabajo análogo a la esclavitud también es esclavo».
Una ley de 2003 prevé penas entre dos y ocho años y multa para quien «reduzca a alguien a la condición análoga de esclavo, sometiéndolo a trabajos forzados o jornada exhaustiva, sujetándolo a condiciones degradantes de trabajo o restringirle su locomoción en razón a deudas contraídas con su empleador».
Para el jefe de Estado, debe existir una «definición clara» de trabajo esclavo en la Constitución o retirar de la carta magna la expresión para someter a aprobación una ley complementaria específica que aborde el asunto.
