Berríos: Hay una crisis penitenciaria y judicial compleja
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Juan Berríos, abogado y coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), explicó que las intervenciones realizadas en las cárceles del país reflejan la ausencia de un control efectivo de los centros penitenciarios, a lo que se le suma la crisis de hacinamiento que hay en estas prisiones.
Precisó que las respuestas por parte del Estado se basan en intervenciones y promesas de la creación de nuevos centros penitenciarios, “pero mientras el servicio judicial no funcione de manera efectiva y las partes policiales no hagan parte de ese esquema, es difícil tener una solución a corto plazo”.
“La mayoría de las personas se encuentran allí sin juicio y sometidas a una investigación judicial desde hace muchos años, sin que haya avance en sus casos, por lo cual hay una crisis penitenciaria y judicial bastante compleja”, aseguró Berrios.
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Berrios explicó que quienes llevan al frente los trabajos judiciales enfrentan varias dificultades, entre las que destacan: los bajos salarios que perciben, unas condiciones de trabajo que no son adecuadas, la falta de capacitación y la deserción de funcionarios más antiguos, también afectados por la corrupción.
En ese sentido, indicó que no hay un diagnóstico apropiado para conocer de manera precisa cómo está caracterizado el sistema judicial del país, como para conocer, por ejemplo, cuántas personas hay o cuál es su calificación de acuerdo a sus competencias.
“Los servicios de justicia no sirven a su propósito fundamental que es resolver conflictos y que además haya confianza de la gente en que sus conflictos puedan ser resueltos a través de este servicio”, agregó Berrios.
Revolución judicial
Ya se cumplieron dos años desde que se instaló la Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial, donde los parlamentarios que conforman dicha comisión se comprometieron a hacer las reformas de ley necesarias y agilizar la libertad de privados de libertad.
Sobre ello, Juan Berrios consideró que realmente es un problema estructural que implica un compromiso por respetar la independencia de la justicia en todos los ámbitos, no solo de los tribunales sino de otras instituciones como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo.
“Evidentemente hay un anuncio, pero observamos que hay los mismos problemas”, puntualizó.
Berrios, también docente universitario, recordó que entre las acciones pendientes se encuentra la formación judicial dirigida a los fiscales el Ministerio Público y el resto de los funcionarios que hacen carrera en el sistema judicial.
“No hay estructuras de formación apropiadas y no hay ingresos por concurso a la carrera: eso no juega nada a favor de una justicia independiente”, aseveró.
Con información de Radio Fe y Alegría.
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