Parlamento británico reanuda sesiones este miércoles
EFE
El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, informó este martes de que ha dado instrucciones para que el Parlamento reanude mañana sus sesiones, después de que el Tribunal Supremo declarase «ilegal» la suspensión de las cámaras.
En una declaración a los medios, Bercow comunicó que espera que la Cámara de los Comunes reanude su actividad a las 11.30 hora local (10.30 GMT) de este miércoles, si bien precisó que no tendrá lugar la sesión semanal de preguntas al primer ministro, el conservador Boris Johnson.
El presidente de la Cámara baja manifestó su satisfacción por el dictamen del Supremo, pues ha dejado claro que el cierre del Parlamento -dispuesto por Johnson el pasado agosto- impidió a los Comunes cumplir con sus funciones de supervisar la labor del Ejecutivo en momentos cruciales para el Reino Unido, que tiene fijada la fecha del «brexit» para el próximo 31 de octubre.
Bercow explicó que ha estado en contacto con los líderes de los partidos políticos para continuar mañana con las sesiones parlamentarias, después de que el Supremo, máxima instancia judicial del Reino Unido, considerase «nulo» y «sin efecto» la suspensión del Parlamento de Westminster dispuesta por Johnson.
El primer ministro conservador, que está en Nueva York para participar en la Asamblea anual de la ONU, había pedido el pasado agosto a la reina Isabel II, jefa de Estado, la suspensión del Parlamento durante cinco semanas -desde primera hora del 10 de septiembre hasta el 14 de octubre-, con el argumento de que quería presentar una nueva agenda de Gobierno.
Los once jueces del Supremo llegaron a su dictamen de forma unánime, en un fallo histórico y que ha puesto una vez más de manifiesto que el poder constitucional del Reino Unido -que no tiene una Constitución escrita- reside en el Parlamento de Westminster.
El panel de magistrados valoró que el asesoramiento de Johnson a la reina Isabel II para proceder al cierre parlamentario pocas semanas antes del «brexit» no se ajustó a la legalidad pues perseguía «frustrar o impedir» que el Parlamento desempeñara sus «funciones constitucionales».
El Supremo, que escuchó durante tres días los distintos alegatos de las partes, tenía que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.
