Belinda teme ser detenida en México
Con información de La Prensa de Honduras
Mañana, cuando inicie su concierto en el Pepsi Center WTC, la intérprete subirá al escenario protegida con una orden judicial que parcialmente impide su detención.
Previendo un riesgo, el miércoles la cantante tramitó un amparo ante el Juez Décimo Cuarto de Distrito en esa materia, Alberto Díaz Díaz, contra cualquier orden de aprehensión que la Procudaduría General de la República de México pretenda ejecutar en su contra.
Díaz suspendió ayer un posible mandato de captura contra Belinda, pero le fijó el pago de una garantía de 22 mil 500 pesos para que esta protección judicial continúe vigente, confirmó a la agencia Reforma en las listas de acuerdos del juzgado.
En el amparo 575/2016, el juez requirió ya a la PGR y a los juzgados de procesos penales para que informen si alguno tiene una orden de aprehensión librada en contra de la cantante.
En caso de existir, se le concederá la suspensión definitiva; de no haberla, el amparo será desechado. Eso se definirá el próximo martes a las 9:45 horas, cuando el juez Díaz celebre la audiencia incidental.
Desde hace dos años la PGR ha intentado, sin fortuna, conseguir una orden de captura contra Belinda Peregrin Schull, nombre completo de la artista, por presuntamente ocultar su contabilidad fiscal del año 2012.
Este delito no es grave y, de haber ya una orden de aprehensión, estaría suspendida por el fallo dictado por Díaz.
La única manera en que la PGR pudiera detener a Belinda es con un mandato ministerial o judicial por un delito grave, ya que éstos no pueden ser suspendidos con una demanda de amparo.
En agosto de 2014 la entonces juez federal Isabel Porras Odriozola le devolvió a la Procuraduría el expediente de consignación contra la intérprete por el delito fiscal, debido a que no todos los documentos que lo integraban estaban debidamente certificados.
Pero ese no fue un pronunciamiento sobre si el delito estaba o no acreditado, lo que dejó abierta la puerta para que la PGR volviera a solicitar la aprehensión.
La imputación contra Belinda se remonta al 2013, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretendió hacerle una visita fiscal y no fue localizada en las tres ocasiones que la buscaron.
El organismo hacendario tenía el propósito de hacer una verificación a su contabilidad, pero la intérprete había cambiado de domicilio fiscal sin enterarlo al SAT.
Esta conducta está tipificada como un delito y se castiga con 3 meses a 3 años de prisión, aunque el castigo puede ser conmutado con el pago de una multa.