Banco Central de Venezuela perdió $3,5 millones

Más de 3,5 millones de dólares del Banco Central de Venezuela se perdieron en camino a República Dominicana. Entre los 5.000 afectados por el descalabro de una de las instituciones financieras de ese país figuran venezolanos, a los que no escapa el ente rector de la política monetaria nacional.

La República Dominicana formalizó hace dos semanas una orden de captura contra tres venezolanos que encabezaban el Banco Peravia de ese país: José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro fueron solicitados desde entonces ante Interpol para que respondan por el quiebre de esa institución financiera. Pero en lo que se ha vuelto una novela que llega por entregas, en Santo Domingo ahora confirman que entre los afectados también figura una lista de casi 100 personas y organizaciones venezolanas, en las que destaca el organismo que dirige Nelson Merentes.

El BCV giró 3.591.000 dólares al Banco Peravia de Dominicana, como parte de un pago inicial para importar una decena de vehículos blindados que se diluyeron entre varios de los fondos que ahora buscan las autoridades de República Dominicana.

El dinero salió de Caracas a Santo Domingo y la última vez que se tuvo noticias de él terminó en Curazao -a través de una transferencia a una subsidiaria que el mismo Banco Peravia había instalado en esa isla- según los reportes de la Superintendencia de Bancos dominicana.

Eso advierte el abogado Jorge Lora Castillo, vía telefónica desde Dominicana, en nombre de la empresa que consiguió el contrato. Aunque el Banco Central de Venezuela esta semana no quiso rendir cuentas sobre el tema, Lora Castillo incluye a ese organismo entre las personas naturales y jurídicas que perdieron su dinero en el Banco Peravia. «La transferencia nunca llegó al destinatario, que era el Consorcio Kaya Armoring Blindados».

El BCV no atendió los llamados que pedían explicar el destino de los fondos. Mucho menos para que eran las llamadas «yipetas» que en Dominicana enviarían a Caracas. El abogado del Consorcio Kaya Armoring Blindados -una empresa registrada el 6 de enero del año pasado en La Florida- señala que sus clientes ganaron una licitación pública, que fue afectada por el caso del Peravia. Por eso, a principios de diciembre se le vio en la Fiscalía del Distrito Nacional de Santo Domingo solicitando orden de captura contra los tres venezolanos que en 2011 aparecieron en Dominicana comprando un banco.

$60 millones de venezolanos

Lo del BCV, de cualquier modo, es una nota al pie en la lista de afectados por el colapso de la entidad bancaria. Aunque son fondos públicos de la República Bolivariana de Venezuela, oficialmente en el Peravia desaparecieron más de 1.300 millones de pesos dominicanos, equivalentes a unos 29 millones de dólares. Los cálculos igual se quedan cortos…

Si bien el Peravia apenas movía 2% de todo el sistema bancario dominicano, el abogado César Amadeo Peralta advierte que hay una danza de millones de dólares, de los que ni siquiera hay registros en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

La Fiscalía del Distrito Nacional de Santo Domingo imputó fraude, falsificación de documentos y lavado de activos contra los tres venezolanos que encabezaban el banco, pero ahora han venido apareciendo denuncias sobre depósitos que no estaban registrados en el sistema bancario de ese país y, entre tanto dinero, otra vez destacan fondos que conectan con Venezuela.

«Cometieron los delitos de estafa y abuso de confianza al robarse el dinero de los ahorristas, pero aparte de eso violaron la Ley Monetaria y Financiera de la República Dominicana, que prohíbe recibir depósitos en dólares», dice Peralta al otro lado del teléfono. «Se llevaron hasta 60 millones de dólares de varios venezolanos».

A Peralta le extraña, de hecho, que la mayoría de los ciudadanos venezolanos no hayan aparecido por República Dominicana para demandar su dinero; se pregunta por qué han preferido sacrificar su capital. «Solo unos pocos han venido a reclamar», comenta como representante legal del venezolano Luis Ríos Virla, cuyo caso trascendió a la opinión pública desde que los problemas del Peravia lo mostraron en prensa enfrentado con los dueños de esa entidad.

Ríos Virla fue sorprendido la mañana del 28 de octubre en el Hotel Holiday Inn de la avenida Abraham Lincoln de Santo Domingo, en una situación irregular que su abogado define como un intento de secuestro. Tras demandar 15 millones de dólares de él y otros venezolanos que guardaron su dinero en el Peravia, varios sujetos armados se presentaron con una supuesta orden de arresto en el sitio donde se hospedaba.

«Habría sido lío entre venezolanos y el Banco Peravia lo ocurrido en el Holiday Inn esta mañana», resumió entonces el periódico digital 7días.com.do. «El caso Peravia destapa maniobras de empresarios venezolanos», agregó al mes siguiente el semanario dominicano El Dinero. Entonces, el banco ya estaba intervenido y los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray eran requeridos para explicar qué habían hecho con el patrimonio del banco.

Sin corbata y con cabello

Jiménez Aray fue secretario del Ministerio de Finanzas durante el período que el ex gobernador de Aragua, Rafael Isea, tuvo al frente de esa cartera. La última vez que se supo de él fue el 20 de noviembre, cuando viajó de Santo Domingo a Atlanta, a bordo del vuelo 324 de Delta.

A Santoro, por el contrario, se le ha visto en restaurantes y hasta en sus propias empresas.  El 29 de octubre del año pasado tomó el vuelo 107 de Copa Airlines con destino a Venezuela -vía Panamá- donde se ha mostrado en público a pesar de la orden de arresto que en Dominicana solicitaron ante Interpol.

Con el pelo largo, rodeado de escoltas y sin los trajes y corbatas con los que solía retratarse en Santo Domingo, lo han visto de nuevo en la ciudad de Maracay, donde heredó de su padre la fábrica de juguetes Plásticos Celia, a través de la que años atrás asumió las riendas de gremios como la Cámara Venezolana de Fabricantes de Juguetes y la Federación de Industriales, Pequeños, Medianos y Artesanos de Venezuela (Fedeindustria).

Alrededor del galpón que Plásticos Celia tenía en la zona industrial de San Jacinto, Santoro ha establecido varias de las compañías que presenta en redes sociales con el nombre de Grupo Empresarial Santoro: la Ferretería Construye y Crea Maracay, la estación de servicio PDV del sector Montaña Fresca de esa ciudad y el canal de televisión por suscripción, TIC TV, en cuyas instalaciones el miércoles confirmaron que se encontraba de vuelta por el estado Aragua.

Aunque no atendió los llamados a dar entrevistas, a través de sus empleados dejó abierta la oportunidad de hacerlo después. De cualquier modo, el personal del canal trabaja en un programa especial que promete aclarar todas las preguntas sin responder del ya célebre Banco Peravia de República Dominicana.

Fundado en 1987 como una entidad regional de la provincia de Peravia, el banco llegó a la capital dominicana de la mano de empresarios venezolanos como Santoro, cuyos negocios empezaron a hacerse más visibles -en el estado Aragua- a la vera de salas de juego como el Bingo Las Vegas del Círculo Militar de Maracay.

Lejos de Aragua

Hasta entonces, Santoro no se perfilaba en el mercado de la banca; tampoco como empresario internacional. Su nombre más bien aparecía en los archivos del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de Maracay, por un proceso judicial que mantuvo desde 2009 por el control de la televisora regional TVS.

En 2011, la justicia regresó el canal a los herederos del empresario Filippo Sindoni. Ese año Santoro desembarcó en Santo Domingo asociado con el abogado Gabriel Jiménez Aray, el mismo que originalmente había prometido representar al Grupo Sindoni en contra de Santoro.

Lejos de la órbita de Aragua, Santoro y Jiménez establecieron cinco sucursales del Peravia en diferentes puntos de la capital dominicana. También abrieron subsidiarias en países como Curazao y Estados Unidos, sobre las que ahora reposa la lupa de las autoridades dominicanas.

El Ministerio Público del Distrito Nacional de Santo Domingo, a cargo de la fiscal Yeny Berenice Reynoso, anunció el 3 de marzo que investigan una «asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos».

«Los ilícitos que se imputan incluyen falsedad en escritura de comercio, falsedad de documentos privados, violación a Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de activos por más de mil trecientos millones de pesos», anunció la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter.

En representación de las autoridades del Peravia, el abogado Ángel Lockward ha desestimado esas y otras acusaciones. Por eso en noviembre del año pasado preguntó si acaso los fondos del BCV pueden ser producto de lavado de dinero.

«Parece que los técnicos de la Superintendencia (…) pretenden acusar de complicidad en el delito de lavado al Banco Central de Venezuela, órgano que transfirió RD$ 100 millones al Banco Peravia, fruto de una licitación pública en Caracas», apuntó el representante legal en una carta dirigida al Banco Central de Dominicana, publicada al momento del cierre definitivo del banco por el diario electrónico Acento.

Lockward declaró entonces que si las autoridades dominicanas lo hubieran permitido, el grupo Empire -representado por el ex ministro de la Banca Pública, Humberto Ortega Díaz- habría salvado al Peravia.

«El día del cierre ellos trajeron aquí al grupo Empire de Venezuela, interesado en comprar el banco», dijo a la emisora Zol FM de Santo Domingo. «El día que lo cerraron en la Superintendencia de Bancos desestimaron tres propuestas de compra del banco, de manera que no había ninguna necesidad de cerrar ese banco».