Bancada de la Unidad pedirá a Almagro un debate en la OEA sobre Venezuela
EFE
na delegación de la oposición venezolana pedirá mañana al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que el organismo aborde la situación de Venezuela, incluso una eventual aplicación de la Carta Democrática.
«Pedimos que la OEA debata de manera urgente la situación de Venezuela y avanzar hacia una resolución donde se reconozca la crisis política, los presos políticos y que se permita al pueblo de Venezuela que se celebre un proceso electoral hacia la salida del presidente Nicolás Maduro», dijo a Efe el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional venezolana.
Florido encabeza la delegación de seis parlamentarios opositores de Venezuela que llegó hoy a Washington para reunirse mañana con Almagro en la sede de la OEA, una visita que aprovecharán para mantener otros encuentros políticos y académicos.
Su agenda de hoy incluye reuniones con legisladores estadounidenses, entre ellos el senador republicano Marco Rubio, el senador demócrata Bob Menéndez, y los congresistas conservadores Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart.
Por la tarde expondrán sobre la situación política y social de Venezuela en un foro en la Universidad de Georgetown, un debate que continuará mañana a primera hora en el centro de estudios Diálogo Interamericano.
Después se reunirán con Almagro en la sede de la OEA para «explorar los mecanismos del organismo» a la hora de abordar la situación venezolana y a mediodía comparecerán ante la prensa para explicar los resultados del encuentro.
La oposición venezolana había anunciado hace meses que pediría a Almagro la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, pero en los últimos días ha matizado que lo que solicitarán en principio es que la OEA aborde la situación del país, algo que los Estados miembros han evitado hasta ahora, sin descartar en ningún caso una eventual aplicación de Carta Democrática.
En ese caso, se estaría hablando más bien de llevar, en un primer momento, el debate o incluso una propuesta de resolución a un Consejo Permanente del organismo, donde están los 34 embajadores de los países miembros.
La Carta Democrática, aprobada en 2001, tiene como última consecuencia la suspensión de un país del organismo, algo que solo ocurrió con Honduras tras el golpe de Estado de 2009.
Se trata de un instrumento jurídico para garantizar el orden democrático y que contempla varios supuestos; en este caso, como no se invocaría por petición del Estado, el artículo aplicable sería el 20.
Ese artículo autoriza al secretario general o a un Estado miembro a pedir la convocatoria del Consejo Permanente en caso de que en otro Estado haya «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».
Ese es el debate de fondo que abordaría el Consejo, determinar si en Venezuela se ha producido esa «alteración del orden constitucional», aunque en la práctica serían los equilibrios políticos de cada país -y no el componente jurídico- los que decantarían la votación.
A partir de ese debate en el Consejo se abre un largo proceso cuya última consecuencia es la suspensión del Estado de la OEA, como ocurrió con Honduras, un escenario al que no creen que se llegue ninguna de las fuentes externas e internas consultadas por Efe.
Almagro, que cumplirá en mayo un año al frente de la organización, tiene una relación muy tensa con el Gobierno de Venezuela por denunciar irregularidades en el proceso electoral de las parlamentarias de 2015 y por pedir, recientemente, que Maduro firme la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento, de mayoría opositora.
Este martes expresó inmediatamente a través de su activa cuenta de Twitter su satisfacción por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) deVenezuela de activar el proceso para el referendo revocatorio del mandato de Maduro.
El embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, le advirtió la semana pasada de que una invocación de la Carta Democrática en su país «prefiguraría un supuesto de hecho para solicitar su destitución», al considerar que no existe el requisito de que haya «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente al orden democrático».
