Baloa: Informe de Bachelet reconoce presencia militar en territorios indígenas
Nota de Prensa
La diputada por el estado Amazonas Mauligmer Baloa, destacó aspectos del informe de la alta Comisionada Michelle Bachelet, como los casos de las presuntas ejecuciones extrajudiciales que han cometidos los miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Policía Nacional Bolivariana, en algunos sectores y barriadas del país.
La diputada amazonense intervino en el debate sobre la primera discusión el proyecto de Ley Aprobatoria al “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. “Solo en julio del año 2019 se identificaron 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones por parte de esos cuerpos de represión. Hay una ausencia de mecanismos eficaces para proteger a testigos y familiares de las víctimas que en su mayoría son mujeres”.
Agregó que llamó la atención de la Alta Comisionada para los DD. HH Michelle Bachelet el aumento de funcionarios militares en territorios indígenas Pemón. “Allí Bachelet denunció la muerte del hermano wuarao, presuntamente ejecutado por el FAES, así como el de un líder indígena hermano kurripako del Estado Amazonas, presuntamente por la Guardia Nacional”, comentó la diputada Baloa.
Destacó que es evidente la violación sistemática de los Derechos Humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, sobre todo contra los presos políticos, por lo que la alta Comisionada de la ONU emitió un segundo informe en mayo de este año, que señala que las detenciones de las fuerzas de seguridad contra la población que manifiesta pacíficamente demandado soluciones a sus problemas, van en aumento y en detrimento de la libertad de expresión.
“Recordó las agresiones del 5 de enero de este año cuando no permitieron que los diputados entráramos a la Asamblea Nacional, el secuestros de los diputados Gilber Caro Y Renzo Prieto, las agresiones a los periodistas, allanamientos de las sedes de los partidos políticos, hostigamiento a las sedes universitarias, restricciones a las libertades sindicales y por último no lo dice la Comisionada lo decimos nosotros, como ha sido violada la libertad de expresión de todos los médicos que han querido llamar la atención por la falta de insumos y medicamentos en cada uno de los recintos hospitalarios donde están recibiendo pacientes por la COVID-19”.
Siguió refiriéndose al segundo informe de la Señora Bachelet que emitió el pasado 10 de marzo, donde se actualizó la cifra de personas que se encuentran en seguridad alimentaria severa y 4.9 las que han abandonado el país.
Dijo que, en el nuevo informe de la Alta Comisionada, refleja su preocupación por el patrón de las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas; las graves violaciones de los derechos económicos y sociales en Venezuela; registra 38 presuntas ejecuciones entre mayo de 2019 y lo que va de 2020 a manos del régimen de Maduro y suscribe que los presos no tienen acceso a la atención médico asistencial.
“La Fracción Parlamentaria de UNT apoya el petitorio de la alta Comisionada de la ONU, de la libertad para los presos políticos, el respeto a su condición humana, sus derechos humanos y por supuesto a las garantías judiciales de acuerdo a lo que establece la Constitución Bolivariana de Venezuela”, concluyó la diputada de Amazonas.
