Autoconvocados llaman a marcha por libertad de «reos políticos» en Nicaragua
Fuente: EFE
Los manifestantes autoconvocados de Nicaragua llamaron este viernes a una marcha, prevista para mañana sábado en diferentes ciudades, para reclamar la libertad de los «reos políticos», que han caído presos por protestar contra el presidente Daniel Ortega.
La marcha más grande se espera que sea en Managua, escenario de las manifestaciones más grandes en la historia del país, ocurridas en los últimos cuatro meses, precisamente contra Ortega.
Los autoconvocados creen que al menos 135 personas están como «reos políticos», tras haber sido «secuestradas» por las «fuerzas combinadas» del Gobierno, compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos afines al Gobierno, que las capturan sin orden judicial ni delitos comprobados.
Algunos de los «reos políticos» más conocidos son el miembro de la Alianza y líder campesino Medardo Mairena, el dirigente rural Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez, el empresario Cristhian Fajardo, así como los jóvenes afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate.
Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado entre 317 y 448 muertos, aunque el mandatario reconoce 197, y que es la más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nicaragua vive una «tercera fase» de la represión gubernamental, «más ruda, más explícita y burocrática», que es la «criminalización de manifestantes», luego de la primera que consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias», lo que el presidente Daniel Ortega ha negado.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril, por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra
