Audiencia de la CIDH: En Venezuela hay autocensura y resistencia
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó este miércoles una audiencia pública sobre la Situación de la libertad de expresión en Venezuela, esto en el marco del 184° periodo de sesiones de la CIDH-IACHR.
Venezuela atraviesa una crisis estructural ya de larga duración con impacto en los derechos humanos, a raíz de la pandemia la situación se agudizó desatandose una ola restrictiva y represión por reclamar respeto a dus derechos civiles, laborales y sociales, con relación a los activistas políticos han sido desaparecidos y detenidos de manera arbitraria, destacó la investigadora Marisabel Rodríguez de la Universidad Católica Andrés Bello.
La profesional detalló los casos de los jóvenes detenidos por rendir homenaje a Neomar Lander, el reinició del juicio del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, la demanda contra la exgobernadora del Táchira, Laidy Gómez y la demanda contra los defensores de los DDHH Marino Alvarado y Alfredo Infante, permanece detenido desde hace casi un año, el presidente de la ONG Javier Tarazona por revelar la verdadera situación en el estado Apure.
Rodríguez hizo hicapié en las nuevas leyes que regularían el trabajo y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, estas restricciones afectarían la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela. Se continúa utilizando la llamada ley del odio para judicializar cualquier denuncia contra un funcionario público.
Seguidamente intervino en la audiencia Diego Ponce, de la ONG Un mundo sin Mordaza, quien en principio informó que en el año 2021 se registraron 41 detenciones arbitrarias en contra de trabajadores de la prensa, 87 actos de hostigamiento y agresión, 39 casos contramedios impresos, radio y televisión, y 6 violación contra el derecho a la propiedad siendo el más notorio el del diario El Nacional.
Ponce también se refirió a la crisis de los servicios públicos que generó más de seis mil protestas sociales en Venezuela, hizo énfasis a las más de 300 fallas que afectan la conexión de internet – servicio limitado en el país- y por ende la posibilidad del ciudadano de acceder a la información.
«El Estado venezolano viola de manera sistematica el derecho a informar y a estar informado.En los sondeos realizados la un porcentaje importante de la población no tiene confianza en la fuerza pública, otro segmento se autocensura y otros sienten temor a expresarse por la persecusión que emprende el Estado a través del Ministerio Público».
Cierre de medios
Por su la ONG Espacio Público, Carlos Correa indicó que los medios más censurados es la radio con cierre de emisoras y espacios de opinión, y unos 45 portales informativos han sido bloqueados por Conatel.
Con la criminalización de la libertad de expresión en Venezuela, utilizando de manera arbitraria la llamada Ley del Odio, actualmente hay periodistas con procesos judiciales en el país otros lograron salir pero son sometidos a constantes descalificaciones.
En Venezuela hay autocensura, pero aún existe la resistencia y la negativa a guardar silencio. Toda esta política busca consolidar el miedo, este fenómeno de la autocensura es tema de estudio por el impacto local y en la región indicó, Correa.
En la audiencia participó Gustavo Tarre Briceño, quien tras reconocer el trabajo de la Comisión Interamericana de DDHH, se refirió a la demanda de Diosdado Cabello contra el diario El Nacional, medio que replicó un trabajo especial de un medio español, el Tribunal Supremo de Justicia afín al chavismo fallo a su favor despojando a El Nacional de su sede e impuso una multa mil millonaria.
Con la exposición de los representantes de la sociedad civil venezolana, deja en evidencia que el ciudadano está indefenso ante las acciones represivas del Estado venezolano.
