Asociación Internacional de Fiscales respalda a Luisa Ortega Díaz
Agencias
En un comunicado oficial, la Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés) ofreció su apoyo a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en defensa de la constitucionalidad y resguardo del ejercicio de la acción penal en Venezuela.
Este organismo, presidido por Gehrard Jarosch, condenó las acciones arbitrarias y el acoso contra el Ministerio Público y su titular.
También solicitó a las autoridades venezolanas que se garantice la integridad física de la Fiscal General, al tiempo que repudió las intenciones de removerla de su cargo, así como las medidas cautelares dictadas en su contra.
En dicho comunicado, la IAP anunció que procederá a notificar a la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a cargo de Diego García Sayán, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la situación del Ministerio Público venezolano, a objeto de adelantar las medidas que correspondan en resguardo de sus funciones.
Estándares éticos
La Asociación Internacional de Fiscales agrupa a fiscales generales y fiscales titulares de 171 países, la cual tiene por objeto elevar los estándares de conducta profesional y ética de estos funcionarios, en aras de promover el imperio de la ley, la equidad, la imparcialidad, el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional en la persecución penal.
Entre sus principios fundacionales se encuentran la promoción de un enjuiciamiento eficaz, justo, imparcial y eficiente de los delitos; el respeto y protección de los derechos humanos, y la promoción de normas y principios comunes para la administración de justicia penal.
Todo ello en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Vale destacar que la IAP favorece la asistencia técnica para que los fiscales, sin importar sus países de origen, puedan iniciar investigaciones a través de procedimientos comunes.
En este sentido, se han realizado alianzas de trabajo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; el Consejo Europeo, la Red de Capacitación Judicial Europea, la Asociación Internacional de Autoridades contra la Corrupción, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
