Argentina pide datos a España para investigar a la cúpula de ETA por lesa humanidad
Agencias
Argentina busca investigar a 41 dirigentes de Batasuna y la banda terrorista ETA. Por ello, la Justicia andina ha remitido a España un requerimiento en el que pregunta por las investigaciones que ha desarrollado sobre la cúpula de Batasuna y la banda terrorista ETA. En él pide saber qué actuaciones ha puesto en marcha con el fin de reparar a las víctimas y proporcionarles el derecho a la «verdad» que les asiste.
El juez Rodolfo Canicoba ha abierto la puerta a investigar 379 crímenes cometidos por ETA bajo el principio de lesa humanidad, tras la admisión a trámite de una querella presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (Dyj) para que el país andino investigara, bajo el principio de la justicia universal, los asesinatos de los concejales del Partido Popular en Rentería José Luis Caso y Manuel Zamarreño el 11 de diciembre de 1997 y el 25 de mayo de 1998, respectivamente.
En el exhorto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado argentino explica que la investigación «tiene por objeto la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de hechos que tuvieron por víctimas a 379 españoles, quienes han sufrido asesinatos y masacres de lesa humanidad, siendo que 377 habrían quedado impunes».
Por ello, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 6 de Buenos Aires pregunta a España si ha desarrollado investigaciones sobre estos casos y, si es así, pide que le remita copia de las actuaciones para determinar si «existe identidad con los hechos» denunciados en su juzgado. En el caso de que no se hubieran instruido, el magistrado quiere saber «cuál ha sido la razón por la que no se han realizado y remita, si los hubiere, copia de los pronunciamientos judiciales u otros actos administrativos que dieran cuenta de la decisión de no investigar».
Canicoba requiere además que se consulte al Gobierno español para averiguar si «se ha implementado una política de persecución criminal de los delitos cometidos por integrantes de la organización ETA y, en su caso, si esa política contempla un criterio de oportunidad a los fines de disponer la acción penal correspondiente».
