Argentina busca endurecer su ley inmigratoria
Agencias
El gobierno de Argentina ajustará los controles actuales para evitar el ingreso al país de extranjeros con antecedentes por delitos federales y de esa forma hacer más rápido el proceso de expulsión para quienes hayan cometido delitos en el país, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, según reportó la agencia Télam.
“La persona que tenga antecedentes por delitos federales, como trata de personas o narcotráfico, y que tenga delitos por penas privativas de la libertad, no va a poder entrar al país”, dijo Bullrich en declaraciones citadas por Télam.
Bullrich dijo que aunque el 6 % de extranjeros son detenidos por delitos comunes, en delitos federales como narcotráfico la porción de extranjeros detenidos aumenta a 33 %, y añadió que “en los países productores de estupefacientes la relación aumenta enormemente”.
La ministra señaló que las estadísticas oficiales muestran que el número de homicidios aumenta en los sitios en los que “hay lucha territorial por el dominio de la droga”.
“Acá vienen ciudadanos paraguayos o ciudadanos peruanos que se terminan matando por el control de la droga”, dijo la funcionaria.
Además Bullrich dijo que en el primer año de gestión se logró “desbaratar a la banda de los chinos”, que según la funcionaria era una mafia que le cobraba “25.000 dólares a cada familia de China por entrar a la Argentina” y que asesinaba a miembros de la comunidad china, citó Télam.
Por su parte, el director de Migraciones, Horacio José García, dijo a la agencia de noticias que se podrá verificar de forma instantánea los datos de los extranjeros que lleguen al país a través de dos sistemas de información conectados con la base on line de Interpol.
Una reforma como respuesta a casos que causaron indignación
La ley migratoria de la dictadura militar fue eliminada en 2010 por un normativa que recibió aplausos de organismos de Naciones Unidas y entidades de derechos humanos como Caref, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes.
Casos de inseguridad en Argentina han causado indignación entre parte de la opinión pública, como el de Brian Aguinaco, un joven de catorce años que murió a finales de 2016 en un ataque por el que está acusado un extranjero que le disparó cuando escapaba de cometer un delito en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Por ser menor de edad, el presunto asesino abandonó el país legalmente, sin ser detenido.
Tras estos hechos, el presidente habló sobre una posible reforma a las leyes de 2010. “No podemos permitir que el crimen siga eligiendo la argentina como un lugar para venir a delinquir, entonces necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién y no actuar después que sucedió, lo primero que tenemos que lograr es actuar preventivamente”, dijo Mauricio Macri.
Voceros gubernamentales confirmaron a CNN que se impulsan cambios, como el intercambio de información criminal con países limítrofes; la simplificación de extradiciones, para que residentes aparezcan ante jueces extranjeros; la aceleración de deportaciones, para extranjeros acusados de violar la ley; y chequeos previos a quienes ingresen al territorio.
El Gobierno aclaró que esta reforma es parte de una iniciativa mayor para frenar el crimen. Macri defendió su iniciativa. “Son cosas razonables que otros países tienen que queremos poner sobre la mesa sin, insisto, sin dejar de entender la importancia de la juventud, de su formación ni la importancia de la inmigración como una herramienta fundamental para el desarrollo futuro de la Argentina”.
Las cifras
Entre 2008 y 2014 el total de hechos delictuosos reportados creció 14 % en el país, según cifras oficiales; en 2015 descendió 3 %, a 3.600 denuncias cada 100.000 habitantes.
Al mismo tiempo, menos del 5 % de la población carcelaria argentina es extranjera, según un comunicado de entidades de derechos humanos, entre la que está Caref.
Alrededor de 130.000 extranjeros obtienen su radicación definitiva en Argentina por año, según datos oficiales. De estos, casi el 70 % son paraguayos y bolivianos. Los peruanos están terceros, con casi el 14 %.
