Aragua | Advierten retroceso en la recuperación económica
800 Noticias | Agencias
Como resultado de las ansias de la administración de Nicolás Maduro por conseguir capital, los últimos dos años se han caracterizado por el incremento de los impuestos existentes y la aparición de nuevos de manera indiscriminada, una situación que ha afectado especialmente a las empresas de Aragua, que no encuentran una respuesta para mantener su actividad sostenible.
Así lo denunció el presidente de la Cámara de Industriales del Estado Aragua (CIEA), Freddy Lujano, quien denunció que el cobro desmesurado de impuestos en la entidad ha puesto en riesgo la capacidad de muchas empresas de mantenerse operativas.
De acuerdo con Lujano, hay trámites que en 2020 podían costar $50 y ahora superan los $20.000, gracias a modificaciones en leyes y normativas tanto nacionales como regionales.
Hizo especial énfasis en la Ley de Timbre Fiscal del estado Aragua, modificada en junio de 2020, que ancló el cálculo de las tarifas al Petro —e indirectamente al dólar—, generando tributos con precios, a su juicio, absurdos.
«Empresas que en 2020 pagaron en promedio un monto equivalente a unos $50 por el trámite de permiso de bomberos, que requiere el timbre fiscal, al regresar en 2021 a cumplir con la misma obligación se encontraron con que costaba el equivalente a $20.300, algo desmesurado», confesó este viernes 8 de julio en una rueda de prensa de la CIEA realizada en el edificio de Conindustria, ubicado en Chuao, Caracas.
Acompañado por el presidente de Fedecámaras Aragua, Pierluigi Michelangelo, y el Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), Tito López, destacaron que el sector industrial ha solicitado en diversas ocasiones la revisión de esta normativa, sin que la administración chavista tome cartas en el asunto.
«En febrero de este año entregamos una comunicación con varias propuestas, nos reunimos con la Procuradora General del estado Aragua, Keyla Vidal, con una representante del Viceministerio de Desarrollo Industrial, hicimos llegar también una comunicación a la gobernadora de Aragua, Karina Carpio, con varias propuestas», relajó Lujano.
Desde la vocería de Fedecámaras, Michelangelo solicitó que el pago de tributos sea más racional, ya que la consecuencia de la voracidad fiscal es la descapitalización de las empresas y por lo tanto, un retroceso en la recuperación de la actividad industrial que se había conseguido en 2021.
«¿De dónde va a salir el dinero para pagar estos tributos? Las empresas no tienen ingresos y se les pretende descapitalizar obligando un pago desproporcionado. No veo una fórmula para salir del atolladero. Vamos a echar por la borda esta pequeña mejora de la actividad económica», argumentó.
Advirtió también que la ausencia de condiciones para sostener una actividad económica en Aragua impulsaría a muchos empresarios a huir del estado en busca de mejores condiciones en otras entidades, así como también tendría el efecto negativo de alejar a posibles inversores.
«Tenemos el sector económico en Aragua pensando en irse a otros estados, y al que pensaba en invertir en Aragua, lo debe estar pensando dos veces por ir a un estado al cual se imponen impuestos que escapan de toda lógica económica», insistió.
Otro riesgo del pago desproporcionado de impuestos —que en algunos casos han incrementado hasta en un 10.000%— es el escape a la informalidad al no tener alternativas para operar en el marco legal, una opción al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Esto que generaría que no haya pago alguno de tributos, por lo que sería contraproducente para el Estado.
«Es un problema que afecta a todas las empresas. Las que no pueden cubrir se van a informalizar. Esto va a afectar mucho más la situación. Si se tenía a una empresa que pagaba pocos tributos, ahora se tendrá a una empresa que no pagará nada», subrayó.
Finalmente, Tito López remarcó que hay hasta 13 tipos de impuestos distintos que disparan los gastos operativos de las empresas en un contexto en el que no existe el apalancamiento financiero por parte de la banca, ya que el crédito bancario no está disponible por políticas de la administración chavista.
Con información de TC
