Apucv: Aplicación de Carta Democrática no constituye intromisión en la vida nacional
Redacción 800 Noticias
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), emitió un documento en el que expresa su apoyo a la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela, con el objetivo de restablecer la vigencia de la Constitución y la democracia en el país.
CONSIDERANDO
Que “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución. (Art.7)
Que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno…” (Art.23)
Que la Carta Democrática Interamericana (CDI) fue suscrita por Venezuela durante el mandato del Presidente Chávez y aprobada por unanimidad por los países del Continente Americano.
Que en su artículo primero la CDI establece que «Los pueblos de América tiene derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla«, siendo esta la herramienta creada para actuar en casos de alteración del orden constitucional y democrático en un país del Hemisferio.
Que en ocasión del Golpe de Estado contra Manuel Zelaya, Presidente de Honduras, el gobierno venezolano invocó la aplicación de la CDI, y el artículo 21, evidenciando de esta manera su adhesión a la misma.
Que el 23 de octubre del año 2016 la Asamblea Nacional de Venezuela declaro la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro y solicitó a la comunidad internacional activar todos los mecanismos necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la democracia.
Que la ausencia de separación de poderes vulnera las garantías básicas del sistema democrático y favorece que la voluntad popular no sea respetada. Todavía, a más de un año, persiste la ilegal anulación de las elecciones del Estado Amazonas.
Que a pesar de estar consagrado en nuestra Constitución el respeto a los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas expresó su preocupación ante la actitud del gobierno venezolano de negar el acceso al representante Regional de la Comisión de Derechos Humanos para constatar, in situ, las denuncias sobre “…represión de voces de la Oposición y grupos de la sociedad civil; detenciones arbitrarias; uso excesivo de la fuerza contra protestas pacíficas; erosión de la independencia de las instituciones del estado de derecho; y una trágica disminución del disfrute de los derechos económicos y sociales, con un hambre cada vez más generalizada y un deterioro cada día mayor de la atención sanitaria.”
Que el Gobierno venezolano persiste en incumplir los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo haciendo fracasar la vía de las gestiones diplomáticas y los buenos oficios prevista en el artículo 20 de la CDI, abriendo la posibilidad de la aplicación del Artículo 21.
Que el delito de opinión aplicado por el gobierno nacional para perseguir a la disidencia ha trascendido el ámbito político para hacer su aparición en el ámbito académico con la inaceptable detención de un profesor universitario en virtud de sus escritos sobre la transición política en Venezuela.
Que no existe esfera de la vida nacional, vinculada a los derechos ciudadanos, que no haya sido vulnerada por el régimen. En este contexto se inscribe la suspensión indefinida de los procesos democráticos para renovar las autoridades a todos los niveles.
ACUERDA
Afirmar que la aplicación de la CDI no constituye intromisión alguna en la vida nacional pues la misma forma parte integral de la Constitución Nacional (Art.23) razón por la cual rechazamos cualquier señalamiento o acusación de traición a la patria, pues su aplicación debe ser vista como una exhortación al gobierno nacional a respetar la democracia y los derechos humanos.
Exigir a quienes dirigen la nación restablecer la vigencia de la Constitución y la democracia en el país, en todas las esferas de la vida nacional; garantizando la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y del CNE, devolver los derechos electorales al pueblo, abrir un canal humanitario, restituir los poderes constitucionales a la Asamblea Nacional y liberar a los presos políticos.
Considerar que los valores que inspiran a la Organización de Estados Americanos, aprobados por Venezuela, deben ser respetados y servir de guía para evaluar a régimen que rompe el orden democrático al detener diputados electos y con inmunidad, que viola los derechos de sus nacionales al suspender, ilegalmente, el referendo revocatorio, que mantiene presos políticos, algunos con orden judicial de libertad, que práctica la tortura, que desconoce la propiedad privada al confiscar bienes, que corrompe y que mantiene a la población sometida a la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir.
Ratificar que la salida al drama que vive Venezuela está en la restitución del Estado de Derecho y en consecuencia en la convocatoria a elecciones, pues la solución democrática reside en que el pueblo vuelva a tener en sus manos el poder de decidir su destino. Lo contrario sería incrementar la agonía de nuestros ciudadanos.
Alertar que cualquier intento por “Replicar ejercicios de mediación, gestiones diplomáticas, buenos oficios, misiones al terreno a través de nuevas configuraciones, mediadores u otras personalidades sólo daría nuevamente al Gobierno la oportunidad de ganar tiempo para mantener sus privilegios, al tiempo que prolongaría la miseria de la gente y el aplastamiento de sus derechos.
