Aprueban quitar la patria potestad a los feminicidas en Argentina
EFE
El Senado argentino aprobó por unanimidad una ley para retirar la patria potestad a los autores de feminicidios y otros delitos graves, con el fin de evitar la «revictimización» de los menores de edad afectados por la violencia machista, informaron hoy fuentes parlamentarias.
La norma, que fue votada este miércoles, modifica el Código Civil y Comercial al introducir la privación de la responsabilidad parental para cualquiera de los progenitores cuando sea condenado como autor, coautor o instigador en casos de homicidio agravado por vínculo o por violencia de género, lesiones gravísimas y abuso del hijo o hija.
La medida no se aplicará en el caso de que una mujer sea procesada por haber matado a su pareja en legítima defensa, tras haber sido víctima de la violencia machista.
Aprobada por 47 votos a favor, la ley fue impulsada por los senadores del peronista Partido Justicialista-Frente para la Victoria (en la oposición) Juan Manuel Abal Medina y Marina Riofrío y en principio solo incluía la suspensión de la patria potestad en los casos de feminicidio, pero fue ampliada a otros tres supuestos en la Cámara de Diputados a finales de abril.
El objetivo es «evitar exponer a los menores a procesos de revictimización que no hacen más que vulnerar sus derechos humanos fundamentales, de indispensable cumplimiento para asegurar el desarrollo pleno e integral de la infancia», según el texto de la norma.
El Senado también aprobó este miércoles la creación del «Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales», destinado a apoyar en educación, salud, trabajo y vivienda a personas de entre 13 y 21 años que no pudieron ser adoptadas.
La Cámara alta aprobó, también por unanimidad -con 58 votos a favor-, el proyecto de Ley de Protección, Derechos y Garantías de las víctimas de delitos y lo envío a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva en una próxima sesión.
La iniciativa, impulsada por opositor Frente Renovador en la Cámara baja con el apoyo del oficialismo, está dirigida a garantizar el patrocinio jurídico gratuito y la creación de centros de protección y asistencia a las víctimas.
El proyecto de ley establece que las víctimas deben ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se les otorgue a los delincuentes condenados y a los acusados.
Asimismo, en el debate de este miércoles se incorporó a la iniciativa la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que designarse en cada provincia y la ciudad de Buenos Aires. EFE
