Aprueban informe de consulta de Ley que prohíbe uso de celulares e Internet en cárceles
NP
La Comisión Mixta de Cultos y Régimen Penitenciario y de Política Interior de la Asamblea Nacional, aprobó este miércoles por unanimidad, el Informe para segunda discusión del Proyecto de Ley que Regula el Uso de Teléfonos Celulares e Internet en los Centros Penitenciarios del país. Como se recordará dicho instrumento establece la obligatoriedad del Estado a instalar aparatos y medidores de señal, de los denominados “Hamer”, dentro de las instalaciones penales.
La diputada Delsa Solorzano (Unidad-Miranda), presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior y vocera de la reunión, explicó, al concluir el encuentro, que el instrumento legal, resalta que la medida no afectará la señal de teléfonos y de Internet en las comunidades aledañas a los centros penitenciarios.
Agregó Solórzano que la medida ha sido establecida en una ley para que nunca más recibamos una llamada telefónica, proveniente de los centros penitenciarios, a través de la cual nos digan que tenemos que pagar rescate por un vehículo robado, secuestro u otro crimen contra la colectividad.
“Insistimos en señalar lo siguiente: se garantiza a los privados de libertad sus derechos a la comunicación a través de teléfonos públicos, que deben ser colocados por el Estado en cada uno de los centros penitenciarios para que los internos puedan hacer sus llamadas telefónicas”, comentó la diputada Delsa Solorzano.
Sin embargo, reiteró que “se prohíbe absolutamente el uso de teléfonos de teléfonos celulares e Internet dentro de los centros penitenciarios a nivel nacional, una vez que entre en vigencia esta norma jurídica”.
Informó que el citado proyecto de ley, será presentado a la plenaria en la sesión del próximo martes.
“Nosotros esperamos que este informe final entre en la cuenta de este jueves, para que la segunda discusión, artículo por artículos, comience la venidera semana. Esperamos que este importante instrumento sea sancionado por unanimidad cuando se someta a consideración de la Cámara”, dijo Solórzano.
Resaltó que esta norma jurídica fue sometida a un largo proceso de consulta pública que estuvo acompañada por los medios de comunicación social, donde han opinado desde las autoridades policiales, hasta rectores de las universidades y de empresas que tienen que ver con el tema de celulares e Internet en Venezuela.
