Anulan sentencia que absolvía de corrupción a exministro de Alan García
EFE
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú anuló este viernes la sentencia que confirmaba la absolución de Rómulo León, exministro del fallecido expresidente Alan García, y otros implicados en los «Petroaudios», caso de corrupción que reveló la presunta concesión irregular en 2008 de cinco lotes para la exploración petrolífera.
Tanto León como el resto de acusados habían sido absueltos de todos los cargos, entre ellos asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho pasivo en agravio del Estado.
La sentencia emitida en 2017 por la Corte Suprema de Justicia fue anulada por el Tribunal Constitucional con seis votos a favor frente a uno en contra, anunció este viernes la Procuraduría Anticorrupción, que ganó la demanda.
El fallo de la Corte Suprema confirmaba la sentencia emitida en 2016 en primera instancia por la Corte Superior de Justicia de Lima, cuyos magistrados consideraron que las gestiones que León hizo para que la empresa noruega Discover Petroleum obtuviera esa adjudicación no constituyeron delito.
Además de León, ministro de Pesquería del primer Gobierno de Alan García (1985-1990), también fueron absueltos el exfuncionario Alberto Quimper, los expresidentes de la petrolera estatal Petroperú Daniel Saba y César Gutiérrez, el empresario noruego Jostein Kar Kjerstad y el dominicano Fortunato Canáan.
CUESTIÓN SIN RESOLVER
Para el TC, la Corte Suprema dejó sin responder uno de los argumentos de la Procuraduría sobre una presunta irregularidad en el proceso seguido en el juicio oral, pues según los abogados del Estado, la sala encargada del juicio aceptó de manera extemporánea una serie de pruebas.
Por lo tanto, el máximo tribunal de garantías ordenó a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitir una nueva sentencia bajo las pautas marcadas en este fallo del Constitucional.
La presunta concesión irregular de cinco lotes para la exploración petrolera otorgada a Discover Petroleum salió a la luz en 2008, cuando se difundieron grabaciones ilegales hechas por la empresa Business Track (BTR), formada por exoficiales de la Armada.
El escándalo provocó la renuncia del Gobierno encabezado por el primer ministro Jorge del Castillo, y el mismo Alan García reconoció ante un tribunal, como testigo, que se reunió en dos oportunidades con el dominicano Fortunato Canaán, otro representante de Discover, en el Palacio de Gobierno.
En 2012, los responsables de BTR fueron condenados a entre siete y dos años de prisión por el delito de interceptación telefónica ilegal.
