Andrés Caleca: “Unas elecciones medianamente confiables requieren 10 meses de trabajo”
El Universal
La renovación del cuerpo legislativo del país en 2020 es para el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, una obligación constitucional que no hay manera de evadir: “el 5 de enero del año 2021 la actual Asamblea Nacional termina su periodo”.
Caleca indica que el tema radica en cómo se llevarán adelante esos comicios, dado que el CNE, a partir de sus actuaciones en 2017 y 2018, perdió toda su legitimidad. Y recuerda que el órgano ya tenía problemas sustanciales de origen, porque sus miembros son militantes abiertos del partido de gobierno, lo que, según afirma, viola los contenidos de la Carta Magna y los establecidos para procesos electorales.
Explica que el máximo ente rector tiene que ser nombrado por la AN, pero existe una interpretación constitucional “un poco elástica”: “por omisión correspondería la designación al Tribunal Supremo de Justicia. Es eso lo que debe evitarse si no se quiere seguir abonando a la deslegitimidad”.
Caleca considera que el tiempo es apremiante debido a que la consolidación del nuevo CNE no contempla únicamente el cambio de su directiva, incluye las juntas municipales y regionales, así como la revisión de una cantidad de aspectos de fondo que requieren de una gerencia con muchos recursos y apoyo político, para solucionar todo lo que hay que atender, y ello se hace en un lapso mínimo de 10 meses.
Dice que si el Poder Electoral se eligiera a más tardar en diciembre y empezara a funcionar en enero, los comicios parlamentarios se podrían celebrar a partir de octubre. “Si se continúa posponiendo el nombramiento no se podrán hacer unas elecciones medianamente confiables”, advierte.
Alega que hay un grave problema y es que durante 20 años se ha destruido, de forma consecuente, la institución del sufragio, no solo por parte del gobierno, sino por un sector importante de la oposición, que con sus acciones ha hecho que el venezolano pierda el interés y la confianza en el voto como instrumento, básico de una democracia del siglo XXI, para solventar los conflictos políticos.
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