Andorra pone cerco a los apartamentos turísticos y se suma a la tendencia europea
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El Gobierno de Andorra, país situado entre España y Francia, aprobó un proyecto de ley sobre vivienda que permite expropiar de forma temporal pisos vacíos para alquilarlos y prohíbe las nuevas licencias para uso turístico. Así lo anunció el jefe del Gobierno andorrano, Xavier Espot, quien resaltó que «no se puede disociar el derecho a la vivienda del crecimiento sostenible de nuestro país, por lo que el proyecto de ley también tiene afectación en ámbitos como el turismo, las finanzas, la inversión extranjera o aspectos de regulación en materia de inmigración”.
Según el proyecto, aquellos pisos vacíos que no tengan contrato de suministro de energía eléctrica o no muestren ningún consumo durante dos años serán incluidos dentro de la prohibición. Si el propietario no lo ocupa o no acepta incluirlo dentro de un parque público de viviendas, la ley permite su cesión obligatoria a la Administración por un plazo de cinco años para alquilarla a personas que lo demanden.
Todo, con el fin de hacer más accesible la vivienda en el país, ahora mismo en picos arrendatarios y de venta. Además, prohíbe obtener más licencias de vivienda de uso turístico e impone una caducidad de tres años para las vigentes.
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Actualmente, Andorra, con unos 85.000 habitantes, cuenta con 2.779 viviendas de uso turístico y el objetivo es que muchas de ellas pasen también a formar parte del parque público.
En ambos casos, si la Administración no logra arrendar los pisos, retornarán automáticamente a su propietario. Asimismo, impone una autorización previa para una inversión extranjera en una sociedad andorrana de más del 25 por ciento, mientras que ahora el límite es del 50.
Ofensiva en varios países
La medida va en la línea de normas aprobadas por distintas administraciones en otros países europeos, como España, ante el problema de vivienda asequible, tanto en propiedad como de alquiler, por factores como la proliferación de alquileres temporales para el turismo.
El Gobierno del país de los Pirineos justifica esta ley para «aportar soluciones a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía como es el acceso a la vivienda de alquiler, una de las máximas prioridades de la acción del Gobierno».
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