ANÁLISIS | Moreno consolida ruptura con Correa y afronta una dura recuperación económica
EFE
El presidente Lenín Moreno llega este viernes el ecuador de su legislatura en medio de una cruzada contra el correísmo y la corrupción, con una economía resentida y la necesidad de reformas que pueden abrir nuevos frentes sociales.
Dos años después de asumir el cargo, el mandatario ecuatoriano de 66 años asegura no aspirar a la reelección en 2021, y tiene por delante la aplicación de reformas tras varios acuerdos con organismos internacionales que destinarán más de 10.000 millones de dólares en cómodos préstamos.
«El FMI pide terminar en cero de déficit este año, y en 2020 tener un crecimiento del 3% y eso requiere reducir el tamaño del Estado», explicó el analista Santiago Basabe, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Para llegar a esos objetivos, Basabe advierte que es inevitable despedir a funcionarios y que «no se puede esperar que el sector privado asuma esa masa en corto plazo. ¡Es una situación difícil!».
Defiende, no obstante, que el Gobierno haya acudido a esos organismos porque no había otra salida ante «la situación complicada» heredada por Moreno de su predecesor, Rafael Correa, que lo ayudó a llegar al poder en 2017 pero con el que se ha enemistado al borde de una guerra política fratricida.
El mandatario, que en estos dos años ha visto el rompimiento del movimiento Alianza País entre «morenistas» y «correístas», acusa a su predecesor de haberle dejado un país endeudado, aislado de los organismos internacionales y una corrupción rampante.
Unas acusaciones que Correa desmiente categóricamente al preguntarse con sorna: «¿Cómo puede acusar a un Gobierno de corrupción del que él mismo formaba parte?, ¿No se dio cuenta de que había corrupción generalizada?, ¡Eso es porque es mentira!».
Para el expresidente, identificado con el «socialismo del siglo XXI», Moreno «traicionó el mandato popular» por el que fue elegido, y califica su gestión «del peor Gobierno al menos desde el retorno a la democracia» en 1979.
«Un candidato que llegó con un programa de gobierno hecho entre todos para continuar con la revolución ciudadana, (..) lo bota a la basura y adopta el más extremo neoliberalismo. La ruptura viene de esa traición», aseguró Correa a Efe desde Bruselas, donde reside.
A juicio de Basabe, la ruptura era inevitable dada la situación en la que había quedado el país hace dos años, fraccionado socialmente y endeudado: «El modelo económico y político eran inviables y las opciones de seguir por esa línea le hubiera llevado al fracaso en menos de seis meses».
«Poner la casa en orden», ha sido el lema desde entonces de un presidente que acabó rompiendo con su predecesor, con los regímenes afines de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, instituciones internacionales de esa esfera, acercándose a EE.UU. y a otros países de los que Correa se alejó, para finalmente pedir la asistencia financiera de unos organismos que el anterior Gobierno consideraba reprobables.
El realineamiento y aperturismo de Ecuador al mundo, sobre todo con la firma de nuevos convenios comerciales, es considerado por el actual Ejecutivo uno de sus mayores logros y fuente del que debe ser un proceso de recuperación económica basado en nuevos motores de desarrollo y una inversión que no acaba de llegar, por lo menos no en las cantidades necesarias.
El «precio» de este proceso se desvelará en la segunda parte de la legislatura, y lo que Correa considera la «entrega» del país y su «desinstitucionalización», Basabe lo valora como única opción de lo que califica «un Gobierno de transición».
Y es que muchos ven que su misión -y en ello ha tenido el apoyo de la derecha conservadora- era «descorreizar» el país.
En ese proceso, Moreno convocó un referendo -calificado de «inconstitucional por Correa- para cambiar instituciones básicas, enmendar la Constitución y leyes emblemáticas del correísmo, entre ellas la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, tipificada por varias ONG nacionales y organismos internacionales como una «mordaza».
En su segundo año de mandato, Moreno también relanzó la lucha contra la corrupción, promulgando leyes y abriendo archivos que han facilitado a la Fiscalía la apertura de un sinnúmero de casos en los que aparecen señalados sus exaliados correístas.
Un hecho que para Correa, prófugo de la Justicia por un caso de secuestro y que tiene abiertos al menos una decena de expedientes sin hasta ahora haber sido condenado, refleja el grado de «persecución política» que ha instaurado Moreno «con la ayuda de la prensa».
Otro elemento de ruptura con el anterior régimen fue la decisión adoptada en abril pasado por Moreno de acabar con el prolongado asilo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en su embajada de Londres, tras un año de enfrentamientos políticos y judiciales originados, por un lado, en la nueva orientación ideológica del país, y por el otro, en un irregular comportamiento del propio asilado.
Todos estos cambios han provocado una incesante sustitución de ministros y otros altos cargos a lo largo de apenas dos años: más de 30 sustituciones en una veintena de ministerios, en ocho de ellos con hasta tres ministros distintos.
En unos casos el presidente lo hizo para purgar su Gobierno, en otros para recortar o, simplemente, por el descontento de su gestión.
