Análisis: La paz de Colombia, del limbo a la esperanza
EFE
El proceso de paz del Gobierno colombiano con las FARC, en el limbo desde el plebiscito del pasado 2 de octubre, entró este jueves en una nueva y decisiva fase con la firma del segundo acuerdo que debe cumplir un trámite legislativo expedito para su refrendación y posterior implementación.
El acuerdo, que complementa con sus modificaciones el firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena, abre las puertas para que finalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmovilicen y dejen las armas, proceso que, según pronosticó el presidente Juan Manuel Santos, comenzará a partir de la próxima semana.
Para ello es necesario que el Congreso refrende primero el nuevo acuerdo, que el jueves mismo fue entregado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien anunció que el debate comenzará el próximo martes y debe ser resuelto en cuestión de días.
“Espero que, según el procedimiento establecido, la refrendación sea aprobada en el curso de la próxima semana. Ese día será el día D” para que, cinco días después, comience el movimiento de las FARC hacia las zonas rurales donde se concentrarán antes de su desmovilización, aseguró el presidente en el discurso que pronunció tras la firma en el Teatro Colón de Bogotá.
Noventa días después de ese “día D” debe comenzar la dejación de las armas por parte de la guerrilla y en 150 días, es decir a finales de abril próximo, “todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas”, dijo Santos en el momento más aplaudido de su discurso.
La confianza del presidente en que en el Congreso la suerte del acuerdo de paz será distinta de la del plebiscito del 2 de octubre en el cual la ciudadanía rechazó el primer texto, se basa en el hecho de que la coalición de Gobierno que lo apoya es mayoritaria tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
Así las cosas, no debe haber espacio para sorpresas pese a la anunciada oposición del partido uribista Centro Democrático, que no aceptó el nuevo acuerdo aunque incluye varias de sus propuestas, ha prometido que dará la pelea hasta el final.
“No vamos a defraudar a los colombianos. Refrendaremos los acuerdos de manera transparente y con garantías para la oposición”, manifestó por su parte el senador Lizcano, miembro del Partido de la U, el mismo de Santos.
¿Gobierno de transición?
Entre los argumentos contrarios del Centro Democrático está en primer lugar que el nuevo acuerdo no resolvió el problema de la impunidad de los guerrilleros y que el Congreso no tiene entre sus funciones la de refrendar acuerdos de paz, con lo cual en caso de hacerlo, incurriría en el delito de prevaricato.
Para el expresidente Álvaro Uribe, senador y líder del Centro Democrático, el nuevo acuerdo, al no ser refrendado por el pueblo sino por el Congreso, constituye un “desafío a la democracia colombiana”, por lo cual insistirán en un “mecanismo de participación ciudadana”.
Esa postura refleja la falta de consenso alrededor del texto firmado el jueves que, sin embargo, es la esperanza de millones de colombianos de terminar 52 años de conflicto armado con las FARC.
Al igual que lo hizo el día de la derrota en el plebiscito, el presidente Santos invocó un “gran acuerdo nacional” para la implementación de la paz.
La tarea que se presenta tanto o más titánica que la negociación misma no solo por la logística que supone la dejación de armas de las FARC sino por las transformaciones que supone en el campo, la política, la lucha contra el narcotráfico y en la aplicación de justicia.
En medio del entusiasmo, más político que popular con el nuevo acuerdo, la oposición llamó la atención para un comentario hecho por el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, quien en su discurso, después de pedir que nadie quede “por fuera” de lo pactado, propuso un “gobierno de transición” para su implementación.
Para sectores del Centro Democrático, del Partido Conservador, o el abogado constitucionalista liberal Jaime Castro, esta petición es un gazapo del nuevo acuerdo y sobre la cual el Gobierno debe fijar una posición.
