Análisis | En Israel, ¿qué implicaría un gobierno de unidad?
EFE
Los resultados de los comicios israelíes abocan a un gobierno de unidad nacional y Benjamín Netanhahu ya le ha tendido la mano a Beny Gantz en ese sentido. ¿Qué implicaría que el Likud y Azul y Blanco se tengan entender para gobernar juntos?.
Con el 97% de los votos escrutados (el recuento previsiblemente finalizará esta noche), el derechista Likud se queda con 31 escaños, dos por debajo del centrista Gantz, que sería la fuerza más votada con 33. La unión de Bibi con sus socios tradicionales de la derecha, extrema derecha y ultraortodoxos, suma 55 asientos, seis por debajo de la mayoría en una Cámara de 120.
El propio Netanyahu ha reconocido sus limitaciones y tendió hoy la mano a Gantz para un Ejecutivo de unidad, aunque también firmó un pacto con sus socios tradicionales por los que se comprometen a entrar juntos en un gobierno, algo probablemente complicado de aceptar para Azul y Blanco.
Tenga la forma que tenga, y con más o menos partidos, lo que sí parece claro es que un gobierno nacional es ahora mismo la única alternativa a unas terceras elecciones (a no ser que Netanyahu logre el apoyo de algún partido de izquierdas o de desertores de Azul y Blanco).
Un ejecutivo conjunto, que una a Likud y Gantz, pasaría necesariamente por grandes concesiones por ambas partes, especialmente por parte de Netanyahu, a quien esta limitación afectará no solo en lo político, sino también en lo personal.
Uno de los grandes temas que se esperaba estuviera encima de la mesa para un pacto de coalición de derechas encabezado por el Likud era la denominada Ley de Inmunidad de los altos cargos, que Bibi necesita aprobar para poner freno a los casos de corrupción que le persiguen y por los que está en espera de ser formalmente acusado tras una vista con la Fiscalía a principios de octubre.
El fracaso de Netanyahu en garantizarse el apoyo de 61 diputados deja claro que no logrará lo que algunos han llamado un «gobierno de inmunidad».
«Tanto si forma un gobierno de unidad con Azul y Blanco como si lo hace con otros socios del bloque rival, ninguno de ellos posiblemente acuerde darle inmunidad o permitirle ser primer ministro tras ser acusado», aseguran hoy en el diario Yediot Aharonot los articulistas Moran Azulay y Tova Tximuki.
Otra norma que el Likud impulsaba y que le ayudaría con sus problemas con la Justicia sería la llamada «cláusula de anulación», que buscaba limitar los poderes del Tribunal Supremo para anular legislación aprobada por el Parlamento que considere contraria a leyes o derechos fundamentales.
Con la aprobación de esta, Bibi se garantizaría que las peticiones de la oposición y de organizaciones defensoras de derechos civiles contra la Ley de Inmunidad no prosperasen. Pero las posibilidades de sacar adelante esta cláusula con un gobierno de unidad son mucho menores.
La unión forzada de estos dos partidos en un solo Gabinete «pondría fin a las irresponsables propuestas de restringir la independencia judicial, lo que serían buenas noticias para la vitalidad democrática y el imperio de la ley en Israel», expresó Yonathan Plesner, presidente del Instituto de Democracia de Israel.
Este organismo considera también que el nuevo panorama político «abriría una oportunidad sin precedentes para la reforma electoral, que traería la muy necesaria estabilidad a nuestro sistema político» y que además «puede abrir la posibilidad de una gran negociación en asuntos de religión y estado, nuevas iniciativas para la integración de los ultraortodoxos en la sociedad israelí y reformas económicas vitales».
Para el IDI, existe un amplio consenso social que reclama estos cambios, no realizables con una reedición de la coalición de derechas y religiosa que ha encabezado Netanyahu la última década.
Un gobierno conjunto con Azul y Blanco, por otra parte, haría muy difícil el cumplimiento de varias de las promesas electorales de Netanyahu, la primera de ellas la extensión de soberanía (un eufemismo para la anexión) del Valle del Jordán y de asentamientos judíos en territorio palestino ocupado, que probablemente recibiría una férrea condena internacional.
El partido centrista, con tres generales al frente, no apoya la anexión de territorio (contraria al derecho internacional) y es más partidaria de mantener el control y la ocupación militar sobre esas zonas y esa población que de integrarlo en Israel.
Además, la unidad podría dejar fuera a los partidos ultraortodoxos, que han formado parte de todas las coaliciones de gobierno desde 1996, lo que les ha permitido avanzar su agenda religiosa y lograr un mayor papel de la religión en el Estado y en la sociedad. La tensión entre religiosidad y laicismo fue precisamente lo que impidió la formación de gobierno tras los comicios de abril.
Por último, un ejecutivo de unidad con los dos grandes partidos dejaría una situación inédita: a los partidos árabes, agrupados en la Lista Unida, como cabezas de la oposición, lo que les daría una mucho mayor visibilidad institucional y haría mucho más partícipes de la vida política a unas formaciones que tradicionalmente van por libre y sufren el boicot del resto del espectro parlamentario.
