Análisis | Convocatoria a Constituyente aumenta la crispación política en Venezuela
EFE
Lejos de ser una medida que promueva por el momento la paz entre dos sectores antagónicos, la convocatoria a un proceso Constituyente en Venezuela ha aumentado la crispación política entre el chavismo y la oposición, en el marco de escenarios de protestas antigubernamentales que ya han dejado 47 muertos.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha dicho que la Constituyente es su única opción para «defender la Constitución», cuya redacción impulsó el fallecido Hugo Chávez hace 17 años, y garantizar la paz en la nación suramericana.
Además, Maduro ha asegurado que la modificación de la Carta Magna permitirá «perfeccionar el sistema económico, social y político» de Venezuela y adaptarlo a los nuevos tiempos, en los que el volátil petróleo debe dejar de ser la base de la economía del país caribeño.
Pero en el seno de la oposición, agrupada bajo la plataforma Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el rechazo a la propuesta del presidente venezolano surgió de inmediato.
Los opositores critican la pertinencia de la convocatoria, y alegan que las elecciones de gobernadores están vencidas desde diciembre pasado.
También rechazan el proceso por las condiciones con las que Maduro lo planteó: sin referendo consultivo previo y con elecciones sectoriales.
El presidente asegura que la consulta previa no es necesaria para solicitar la Constituyente, y que la Constitución venezolana, en sus artículos 347, 348 y 349, permite la omisión del referendo previo.
El artículo 347 establece que «el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario» y que en ejercicio de dicho poder «puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente».
Mientras que el artículo 348 señala que el presidente venezolano podrá tomar «la iniciativa» de convocar ese instrumento.
Los opositores consideran, sin embargo, que Maduro no está facultado para iniciar el proceso y que este solo podría activarse con la anuencia de los venezolanos mediante un referendo consultivo, como ocurrió con el proceso de 1999, que le brindó a Venezuela una nueva Constitución.
El sistema sectorial de elección de constituyentistas garantizaría la nominación de entre 200 y 250 de los cerca de 500 miembros que Maduro ha dicho que desea participen del proceso.
Estos serían seleccionados en «la base de la clase obrera, de las comunas, de las misiones (y) de los indígenas», anulando el carácter secreto, universal y directo establecido para el sufragio en Venezuela, según denuncia la oposición.
Esta arista del proceso llevó a Luis Emilio Rondón, el único de los 5 rectores del poder electoral afín a la oposición, a alertar que Venezuela está «frente a una posible amenaza importante al sistema democrático y al régimen constitucional».
Así, las modificaciones que se harían a la Constitución venezolana han pasado por debajo de la mesa, en parte porque el presidente Maduro solo ha hecho generalizaciones sobre sus intenciones.
Para el analista político y director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, es «difícil» imaginar a la oposición participando del proceso Constituyente si las reglas son las que ha anunciado el presidente venezolano.
«Maduro no convoca a una constituyente como la conocemos», dijo León a Efe, en referencia al proceso que se vivió en Venezuela en el año 1999.
Según el analista, las condiciones de la convocatoria de Maduro le permitirán al presidente socialista retener el Gobierno pese a ser «minoría», así como evitar que los opositores se abran paso hacia el poder a través de elecciones.
En tal sentido, León prevé dos escenarios en caso de que el llamado a Constituyente prospere y se modifique la Constitución venezolana.
Uno sería la «cubanización» del sistema político venezolano, bajo una «democracia ficticia» que otorgaría al Gobierno la capacidad de «reconstruir» los poderes y echar a funcionarios incómodos, como la titular de la Fiscalía, Luisa Ortega Díaz, así como dejar sin efecto a las instancias controladas por la oposición, como el Parlamento.
El otro escenario que contempla León sería la revuelta de la mayoría de los venezolanos que haría ingobernable el país, obligando a una negociación política y al llamado de elecciones libres, universales y secretas.
El pasado viernes la titular de la Fiscalía, Luisa Ortega Díaz, ofreció una nueva señal de la ruptura que ha significado para el chavismo este proceso al señalar que la Constituyente «aceleraría la crisis» institucional en Venezuela.
«Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país no es necesario, pertinente, ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado», dijo la fiscal en una misiva dirigida al jefe de la comisión presidencial para el proceso constituyente, Elías Jaua, reproducida por los medios venezolanos.
Quien sí ofreció su respaldo a la Constituyente ha sido el titular del Ministerio de Defensa, Vladimir Padrino, aunque también destacó la necesidad de elecciones limpias.
Padrino dijo en una entrevista con Efe a principios de mayo que la Fuerza Armada está del lado de la Constituyente, siempre y cuando esta cumpla con los principios que establece la Constitución venezolana: elecciones libres, universales y secretas.
