AN investigará abusos y violaciones por parte de cuerpos represivos - 800Noticias
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Este martes la Asamblea Nacional, en sesión virtual debatió sobre «los abusos y violaciones de los derechos humanos, por parte de los organismos de seguridad de la administración de Nicolás Maduro» como los suscitados en la zona de Aragua Barcelona del estado Anzoátegui y el resto del país.

El diputado Juan Carlos Bolívar, solicitó con carácter de urgencia a la comisión permanente de seguridad y defensa de la Asamblea Nacional “investigar a fondo” todas las «actuaciones arbitrarias y delitos de asesinato, persecución, secuestro, extorsión y abuso de poder que comete la Guardia Nacional contra ciudadanos venezolanos».

Los parlamentarios condenaron enérgicamente los asesinatos y se solidarizaron con los familiares de las víctimas. De igual manera, exigen justicia para Carlos Enrique Chaparo de 47 años en Aragua de Barcelona, en Anzoátegui y José Luis Albornoz, de 18 años en la Isla de Toas en el estado Zulia, quienes protestaban por la distribución de la gasolina y los abusos de los militares en esas zonas.

“Estos hechos indignantes , no pueden seguir ocurriendo ciudadano presidente; es por ello que debemos poner en práctica todos los recursos y mecanismos constitucionales, así como también, acuerdos y tratados internacionales suscritos por la República, para dar la definitiva, al traste de esta dictadura criminal. Actuemos pronto. Nuestro pueblo no aguanta más, se nos muere”, manifestó el parlamentario Juan Carlos Bolívar.

Reprochó que la FAN no cumpla su juramento de defender y proteger la soberanía nacional, a sus ciudadanos e instituciones y, en ese sentido, condenó el accionar de represión y violencia que perpetra los efectivos de la fuerza de seguridad de la dictadura, por el control de la venta de combustible “que sin compasión disparan y asesinan a conciudadanos pacíficos que salen a reclamar el cumplimiento de sus derechos”.

Seguidamente el diputado José Prat, presidente de la comisión permanente de contraloria, dijo que los miembros de la referida instancia tienen conocimiento de la repartición “mafiosa” de las estaciones de servicios de gasolina a grupos de “enchufados” y autoridades de los cuerpos de seguridad represores, “en función del sostenimiento de la dictadura de Maduro”.

En eses sentido, afirmó que la única víctima de estas acciones arbitrarias, son el pueblo y sus ciudadanos quienes arriesgan su vida en largas colas, que a veces, se extienden por días, para abastecerse de gasolina.

“Aquí no hay soluciones a estos problemas, mientras se mantenga la usurpación en el poder que destruyo a Venezuela”, acotó.

Prat recordó la advertencia emitida por el Parlamento venezolano, ante la llegada de combustible iraní, en medio de la situación de escasez que sufre el país, que trajo no solo corrupción y la venta ilegal en moneda extranjera del carburante, “más caro del mundo, sino el costo de vidas de venezolanos”.

La diputada Tatiana Montiel aseveró que el asesinato del ciudadano Carlos Enrique Chaparo corresponde a un “crimen producto de un sistema de terror a través del control informal de las armas” por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura de Nicolás Maduro y a su vez, denunció que ilegalmente los funcionarios militares se encargan del control y distribución de bienes y servicios bajo “esquemas mafiosos” específicamente con la venta de gasolina.

Montiel se sumó al rechazó del asesinato de Chaparo y el uso indebido de la fuerza y “violencia estatal” por parte de funcionarios de la guardia nacional contra ciudadanos desarmados y pacíficos que reclamaban legítimamente el abuso de estas mafias de gasolina en Aragua de Barcelona, en el estado Anzoátegui.

Cuestionó las cifras reveladas por el ministro usurpador de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, que reveló que entre los años 2016 y 2019, hubo más de 16 mil personas asesinadas supuestamente por enfrentamientos entre cuerpos de seguridad de la dictadura y civiles, desestimando que muchos de estos crímenes hayan sido por enfrentamientos, sino a su juicio, se produjeron por el abuso de poder desmedido de parte de los funcionarios castrenses.

Por su parte, el diputado Marco Aurelio Quiñones subrayó que el cartel de la gasolina controlada por funcionarios militares disparó la corrupción que acabó con la producción del carburante en Venezuela y denunció que ahora con la “bota traidora, pretenden pisotear a un pueblo que está decidido hacer prevalecer y defender sus derechos”.

De igual forma, insistió que los venezolanos no se doblegarán ante la tiranía.

Reiteró la invitación a la comunidad internacional, acompañar y respaldar a Venezuela, en la instalación de un Gobierno de Emergencia Nacional que ofrezca respuestas a la ciudadanía y “dé un punto final a la barbarie que ha ocasionado la dictadura”.

Quiñones recordó el anunció presentado por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó quien aseguró que luego de la instalación del Gobierno de Emergencia Nacional, en 15 días se podrá abastecer de gasolina a toda Venezuela.

Para el diputado Héctor Cordero, deploró la situación extrema de represión en el país, donde venezolanos son asesinados por las fuerzas represoras del régimen por ejercer su derecho a la protesta por gasolina.

“Los venezolanos tenemos que soportar las agresiones de los cuerpos represivos del régimen como Las Faes, PNB, colectivos armados que han maltratado, humillado, encarcelado, asesinado a venezolanos humildes porque simplemente quieren imponer la fuerza del régimen e impedir que las personas salgan a protestar”, manifestó.

A criterio de Cordero, “el narcotráfico, corrupción, terrorismo, y el blanqueo de capitales, son algunas de las causas que llevaron a la destrucción de la industria petrolera y del país”.

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