AN evalúa reforma del Código de Procedimiento Civil
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó todo su respaldo y apoyo al proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil, instrumento que actualmente es discutido en el seno de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, a donde asistió este miércoles como invitada para exponer sus propuestas y criterios respecto a este tema.
Durante su intervención que se llevó a cabo en el Salón Boyacá del Museo Boliviano, ubicado en la esquina de Pajaritos, agregó que de aprobarse el proyecto, el Estado venezolano y el pueblo en general se verán beneficiados, por cuanto la nueva propuesta de reforma está a tono con los postulados establecidos en la Constitución, informó el Ministerio Público en comunicado de prensa.
Calificó de positivo la simplificación de trámites, porque gracias a ello los procedimientos serán mucho más sencillos, tal y como lo establece el artículo 257 de la Carta Magna que se refiere a la supremacía de la justicia por encima de las formalidades no esenciales.
Respecto a la duración de los juicios y las audiencias, resaltó la reducción de los tiempos, en el sentido de que conjuntamente con la demanda se deben presentar las pruebas, lo cual, a la vez, cumple con el debido proceso y el derecho a la defensa. En este punto explicó que con el Código de Procedimiento Civil vigente hay procesos que duraban hasta 15 y 20 años, pues “los procedimientos son muy engorroso”.
Igualmente, entre los aspectos positivos, destacó la figura de la inmediación, que es el contacto directo del juez con los expertos, los peritos y testigos, lo que va a permitir imprimirle celeridad al proceso y permitirá que el juzgador se forme su propio criterio de la situación real del caso que está sometido a su consideración.
Adicionalmente, Ortega Díaz indicó que la reforma plantea la posibilidad de conciliación antes de llegar al juicio. “Indudablemente que esto es innovador, porque de haber un acuerdo entre las partes, eso va a permitir que el Estado no incurra en gastos, porque cada vez que se acciona el aparato judicial representa un costo”.
Fuente: El Mundo
